Sánchez (PSOE) advierte que la reforma de la ley de costas desprotegerá y sobreexplotará el litoral "para el enriquecimiento de unos pocos"

"El proyecto de ley remitido por el Gobierno de la reforma de la ley de Costas supone una decisión firme para desproteger y sobreexplotar el litoral, y pretende potenciar la especulación en la costa, hoy protegida, para el enriquecimiento de unos pocos a costa del patrimonio de todos". Así de contundente se ha mostrado el secretario de Política de Costas de la Dirección Provincial del PSPV-PSOE de Castelló, Román Sánchez, en una reunión que han mantenido cargos del PSPV para analizar la reforma de la ley de Costas entre los que se encontraban el portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados; la diputada nacional, Susana Ros; el senador por Castelló, Enrique Navarro; miembros de la ejecutiva provincial, como también alcaldes y portavoces de municipios afectados por la reforma de la ley de Costas. Según Sánchez, existen dos finalidades evidentes en las modificaciones propuestas. Por una parte, una amnistía inmobiliaria de enormes dimensiones y, por otra, la aprobación de una encubierta ley del suelo litoral. "Un hecho que vulnera escandalosamente el mandato constitucional de preservación del carácter de bien público que debe tener la franja costera y su protección ambiental por su alto valor ecológico y estratégico", añade Sánchez.

Asimismo, el secretario de Política de Costas ha denunciado que "la mayor gravedad de la propuesta reside en que con esta reforma se convierten en mercancía privada más espacios naturales y de dominio público costero para privilegiar a unos pocos que tienen inversiones y derechos directamente afectados". El dirigente socialista ha explicado que entre estas medidas están aquellas que disminuyen o eliminan la superficie considerada como dominio público marítimo terrestre. Por ejemplo, en las marinas, terrenos inundables por el mar (salinas y espacios destinados a acuicultura) y las dunas o las que convierten las denominadas “playas urbanas” en suelo comercial según lo que se determine reglamentariamente. "Además, la prohibición de la edificación en los primeros cien metros contiguos a la ribera del mar a través de la llamada servidumbre de protección, va a quedar reducida a la nada con la medida contenida en el proyecto de ley, que viene a limitar los efectos de esta servidumbre a 20 metros al aplicarla a suelos que no tienen la condición de urbanos, lo que puede convertir en solares toda la primera línea del litoral y terminar de urbanizar y edificar toda la costa", agrega Sánchez.

Sánchez ha apuntado que "en la provincia de Castelló, la prórroga de las concesiones en 75 años, sin tener aparejada ni una sola acción de protección de la costa, supone una gran estafa para muchos particulares que ven peligrar sus viviendas por el avance de la línea costera. Por desgracia, la frecuencia y magnitud de diferentes catástrofes que están afectando a las costas han advertido a toda la población de los peligros del aumento de las construcciones en la primera línea de mar". Para el secretario de Política de Costas, "en lugar de instar regulaciones y actuaciones que prevean las consecuencias de la aparición de fuertes temporales o de la subida del nivel del mar, se opta por amparar actuaciones que aumentan la exposición a esos riesgos, sin que se prevea ningún tipo de compensación a los afectados".

Según Sánchez, el problema de este proyecto es que "responde a la voluntad política del Gobierno de favorecer intereses particulares frente al interés general". "Las administraciones gobernadas por el Partido Popular han venido considerando las normas de protección ambiental como una traba para el desarrollo económico y ahora tienen la oportunidad de disfrutar de una evidente amnistía frente a las mismas, retrocediendo a los años 60 y 70 cuando se justificaba el uso intensivo e irresponsable de la costa, sin tener en cuenta la protección y conservación", concluye Sánchez.