Sales exige conocer qué medidas va a adoptar el equipo de gobierno después de que el Tribunal de recursos Contractuales falle en su contra

El concejal del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Castellón y miembro de la comisión de investigación no permanente a fin de analizar las contrataciones y los problemas de funcionamiento de la Sala de Emergencia de la Policía Local, Vicent Sales, ha exigido hoy en Comisión Informativa al gobierno municipal respuestas ante un nuevo varapalo judicial, el segundo, que advierte irregularidades en el procedimiento de adjudicación, en este caso, del ‘cerebro informático’ de la Sala de Emergencias de la Policía Local. “Solicitamos conocer qué medidas va a adoptar el equipo de gobierno al respecto”, señala.

Sales apunta a la gravedad de unos hechos consumados que ponen, de nuevo, en entredicho la gestión del equipo de gobierno, pues según dicta el fallo, <<la Administración incumple, una primera exigencia legal, relativa a la adjudicación del contrato en un plazo concreto>>, “excluyendo, además, a una empresa del procedimiento de adjudicación, sin causa jurídica, contraviniendo su derecho a libre concurrencia”, explica el edil popular.

Con fecha 30 de enero de 2020, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales -tras haber estimado el recurso presentado por la empresa Infoval contra la anulación del proceso de compra del software o cerebro informático de la Sala de Emergencias de la Policía Local de Castelló, cuyo coste asciende a 600.000 euros-, resuelve que el Ayuntamiento de Castellón no puede anular, como hizo, el proceso de la compra del material informático y la paralización del proceso. En esta ocasión se da la razón a la empresa Infoval que recurrió su exclusión del procedimiento administrativo y se obliga al consistorio a levantar el decreto de suspensión del proceso de licitación.

Para los populares el equipo de gobierno debe responder por unos hechos que el propio Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales desacredita, pues entiende que: <<La Administración debiera haber adjudicado el contrato dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la recepción de documentación, considerando, además, que no existe reparo o requerimiento de subsanación o adicional de aportación emanado de la Administración receptora de tal documentación. La Administración incumple, por tanto, una primera exigencia legal, relativa a la adjudicación del contrato en un plazo concreto>>.

Y añade: << Resulta fundamental en este punto resaltar que, en vez de cumplir con la ley, la Administración inicia y ampara una serie de actuaciones de comprobación que, en la práctica, suponen un verdadero procedimiento encubierto de revisión de un acto administrativo, con un absoluto y grosero incumplimiento de las normas que regulan esta institución, y para mayor gravedad, con la participación activa de la empresa que ya ha sido excluida del procedimiento como consecuencia de la Resolución de este mismo Tribunal”.

Para el edil Vicent Sales, “todo este entramado de resoluciones judiciales contrarias a las decisiones del gobierno municipal no hacen más que alimentar las sospechas de ’un presunto fraude’ en la adjudicación de la Sala de Emergencias de la Policía Local, valorado en 1,7 millones de euros. Una Sala de Emergencias cuestionada judicialmente por los procedimientos de adjudicación que se han seguido desde 2016 y que, además, no funciona como debería, ya que constantemente sufre averías y obliga a los policías locales a comunicarse a través de whatsapp”.  

Cabe recordar que el proceso de adjudicación para la compra de nuevo material informático de la Sala de Emergencias de la Policía Local se remonta a principios de 2019. Fue la empresa EUROCOP la seleccionada tras un proceso, que el propio Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales anuló el pasado verano, al admitir un recurso presentado por la otra empresa aspirante al contrato, Vinfoval. La justicia falló que el proceso debía ser anulado porque se produjo un defecto de forma en la adjudicación a EUROCOP.

Tras esta primera resolución, el consistorio paralizó la compra, acordando el desistimiento del procedimiento de dicha contratación, desestimando así las ofertas del resto de empresas que habían concurrido, entre ellas Vinfoval. La última resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de 30 de enero de 2020 advierte que el proceso no se debió paralizar e insta al Ayuntamiento de Castelló a levantar la suspensión del proceso.

“El tribunal es contundente, advierte que la decisión del equipo de gobierno de anular el proceso en cuestión ‘carece de causa jurídica’ apuntando hacia un ‘procedimiento encubierto’ de la revisión de un acto administrativo. Ante la gravedad de estas consideraciones no caben más silencios del gobierno municipal que debe abordar sin más dilación esta cuestión. Los castellonenses merecen explicaciones. La exigencia de transparencia, autoimpuesta por parte de quienes gobiernan, a día de hoy no se está cumpliendo en un asunto que entraña más sombras que luces desde el primer día respecto a los procesos de adjudicación y compra de material informático de la sala de Emergencias de la Policía Local, porque, ni siquiera se han cumplido las indicaciones establecidas en el propio informe de necesidad que motivó la ejecución de la Sala. Es decir, se han recibido unos trabajos que no han cumplido los objetivos fijados”, concluye Sales.

El objeto de estudio de la comisión

La comisión no permanente de investigación que el Partido Popular solicitó crear y fue aprobada el pasado 18 de septiembre de 2019, con carácter extraordinario, para analizar una serie de contratos y gestiones del área de Seguridad del Ayuntamiento de Castellón, abarcan por el momento un total de 7 expedientes.

El objetivo es, desde el rigor y la seriedad, conocer el uso de 1,6 millones de euros de inversión de fondos del Ayuntamiento de Castellón solo en el caso de la sala de emergencia de la Policía Local, a los que se suman otros contratos menores y otros gastos del área, como los viajes al extranjero de los cargos políticos y mandos policiales.

El origen en la petición de la creación de una comisión no permanente de investigación extraordinaria son los casi 2 millones de euros que el gobierno municipal de Amparo Marco lleva gastados desde el año 2016 en la nueva sala de emergencias de la Policía Local de la ciudad de Castellón, ubicada en el recinto de Tetuán XIV, una inversión que presenta múltiples problemas de funcionamiento.

Asimismo, todo el proceso de licitación y contratación del proyecto ha estado salpicado de conflictos que han terminado en los tribunales. El último conocido fue una resolución del 30 de mayo de 2019 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por la que desestimaba la adjudicación de un contrato valorado en 600.000 euros para la adquisición de software y hardware de la instalación, por fallos graves en el proceso de tramitación administrativa, anulando dicho acuerdo y afirmando que no se había seguido el procedimiento legalmente establecido. Una resolución que llega cuando este contrato ya se había adjudicado a una empresa que precisamente es la misma que se encargó del montaje de la citada sala. En la Junta de Gobierno Local del pasado 31 de octubre, el tripartito acordaba el desistimiento de dicho contrato, precisamente para acatar la resolución del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.

Con fecha 30 de enero de 2020, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales -tras haber estimado un segundo recurso presentado por la empresa Infoval contra la anulación del proceso de compra del software o cerebro informático de la Sala de Emergencias de la Policía Local de Castelló -, resuelve que el Ayuntamiento de Castellón no puede anular el proceso de la compra del material informático y la paralización del proceso. En esta ocasión se da la razón a la empresa Infoval que recurrió su exclusión del procedimiento administrativo y se obliga al consistorio a levantar el decreto de suspensión del proceso de licitación.

A esto se unen otras cuestiones también poco transparentes, como los problemas derivados en los contratos de compra de chalecos antibala, mochilas y linternas. Asmismo también se solicita información del número de viajes que se han realizado al extranjero para promocionar el sistema de seguridad en cuestión, y los gastos derivados de los mismos, así cómo se han financiado; o el registro de la marca Proxpol, de propiedad municipal, en México, tal y como ha aparecido en los medios de comunicación.