El PSPV-PSOE lamenta el voto en contra del PP y Cs para instar al Gobierno Central a establecer una renta mínima para las familias sin recursos en 2017
Los votos en contra del Partido Popular y de Ciudadanos en la Diputación ha impedido la aprobación de la moción del Grupo Socialista en la que se instaba al Gobierno de Mariano Rajoy a establecer una renta mínima de 426 euros para las familias sin recursos económicos en los presupuestos de 2017, tal y como aprobó el Congreso de los Diputados el pasado día 2 de febrero.
Los socialistas solicitaban en su propuesta al Ejecutivo central "que no vete la decisión mayoritaria de la cámara baja y facilite la tramitación de la Iniciativa Legislativa Popular impulsada por UGT y CCOO y que fue ratificada por 176 votos a favor por 163 en contra". El diputado socialista Toni Lorenzo asegura que "con ello se quiere garantizar una vida digna de todos los ciudadanos y ciudadanas de este país, se trata de no dejar a nadie abandonado", concluye. Lorenzo considera que "esta sería una medida justa, necesaria e imprescindible para que nadie se quede fuera de la normalidad social y económica y no pierda la dignidad", al tiempo que ha explicado que "este tipo de medidas van a ser necesarias para impedir la inequidad en el futuro".
Para el responsable socialista "es falso como sostienen PP y Ciudadanos que no exista viabilidad económica para hacer frente a los 12.000 millones de euros que conllevaría la puesta en marcha de esta iniciativa si se comparan con los 40.000 millones del rescate bancario, y si se tiene en cuenta la reducción del importe de las prestaciones por desempleo que han pasado de los 32.000 millones en 2011 a los 18.000 millones en la actualidad". Lorenzo ha recordado que un 43% de parados en España no tienen ningún tipo de cobertura, por lo que casi 2,5 millones de personas, de las cuales 60.000 de la provincia de Castellón, se beneficiarían de esta medida.
Moción Correos
Por otra parte, a iniciativa del PSPV-PSOE, el Pleno de la Diputación ha aprobado una declaración institucional en la que se insta a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., adjudicataria del servicio de envíos postales de la institución provincial, a que aplique una moratoria en relación a la resolución del 6 de octubre de 2016 que anunciaba la eliminación del servicio ordinario de correos el próximo 2 de mayo de 2017 en las urbanizaciones consideradas de baja densidad.
En este sentido, con el acuerdo de todos los grupos se pretende que ninguna vivienda de núcleos diseminados con alta densidad de población se queden fuera del reparto individualizado que se realiza diariamente. Por ello, también se insta a los ayuntamientos a que modifiquen la calificación de urbanizaciones diseminadas a algunos núcleos de población, ya que se corresponden al crecimiento natural de los municipios y mantienen una población permanente como vivienda habitual, para realizar la pertinente reclamación, y de esta forma, dar traslado a la Subdirección del Sector Postal y a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia para que reconsidere esas zonas urbanas y poder mantener el servicio postal ordinario.
El PSPV-PSOE propuso este acuerdo después de conocer algunas quejas por el hecho de que en urbanizaciones de costa con un alto índice de población no reciben de forma adecuada el servicio postal de la Diputación que presta Correos. En concreto, existen zonas en Vinaròs, Alcalá, Peñíscola o Burriana, entre otras, con un alto índice de población, que a veces alcanzan las 6.000 personas como en zonas de Vinaròs, a las que no les llega de forma adecuada el servicio postal de Diputación.
Los grupos políticos de la Diputación consideran que en estos casos no se cumple aquello que dice el artículo 8 de la Ley 43/2010 de 30 de septiembre del servicio postal universal, en el que se específica que "el alcance y la prestación efectiva del servicio postal universal deberá adecuarse permanentemente a las condiciones técnicas, económicas, sociales y territoriales y a las necesidades de los usuarios, en particular en materia de densidad de puntos de acceso y accesibilidad a los mismos, sin menoscabo de su calidad", ni las excepciones recogidas por el artículo 24 de la misma.
Presupuestos Generales del Estado
En cuanto a la moción del PP en la que se pedía impulsar un acuerdo para entre los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados para la tramitación y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017, el Grupo Socialista ha votado en contra debido, según ha explicado el portavoz socialista, José Benlloch, "a que no se puede dar un cheque en blanco al Gobierno para aprobar los presupuestos" y ha indicado que "lo único que demuestra esta petición es la incapacidad del actual Gobierno de llegar a acuerdos con otros grupos".
