El PSPV advierte que más de 500 personas mayores dependientes perderán su plaza concertada en residencias si el Consell no paga a las empresas

La secretaria de Políticas Sociales de la Ejecutiva Provincial del PSPV-PSOE de Castelló, Rosa Marco, ha advertido que "más de 500 personas mayores dependientes de nuestra provincia ingresados en residencias de mayores privadas perderán su plaza a partir del 1 de septiembre tras el anuncio que ha realizado la Conselleria de Bienestar Social de no pagar las plazas concertadas con las empresas privadas que gestionan los centros por falta de liquidez presupuestaria". Marco ha insistido en que "la política de concertaciones indiscriminadas que llevan a cabo responsables de la conselleria, provoca preocupación e incertidumbre a centenares de personas mayores de nuestra provincia que, a día de hoy, no saben cómo y ni quién les va atender a partir de septiembre”. Por este motivo, la responsable de Políticas Sociales ha pedido a la consellera de Bienestar Social, Angélica Such, que sin más dilación, se dirija a estas personas y sus familias para informarles y tranquilizarles sobre su futuro inmediato, ya que no puede huir de sus responsabilidades ni de dar las oportunas explicaciones y, principalmente, tiene que buscar una solución para que estas personas no se vean en la calle y sin recibir la atención que necesitan”.

La dirigente socialista ha explicado que estas plazas residenciales que a partir de ahora la conselleria no quiere seguir pagando, se enmarcan dentro del plan de Accesibilidad Social que diseñó en 2001 el entonces conseller de Bienestar Social, Rafael Blasco, ante la acuciante falta de plazas en residencias públicas en la Comunitat. Respecto a esto, Marco ha señalado que "en la provincia de Castelló sólo existen dos residencias para personas mayores de titularidad y gestión pública construidas durante la etapa de gobierno de Joan Lerma con 290 plazas y con una larga lista de espera de más de dos años para poder entrar en ellas”.

Por otra parte, Marco ha indicado que en el año 2008 el actual Vicepresidente Tercero del Gobierno Valenciano, Juan Cotino, aumentó en un 170% el número de plazas concertadas con residencias privadas siendo el grupo Savia, empresa ligada a su familia, la mayor beneficiada por esta decisión, ya que pasó de tener 503 plazas concertadas en 2006 a 1.654 en 2009 y una cifra cercana a los 40,2 millones de euros de financiación. Según Marco “antes de abandonar la conselleria de Bienestar Social, el Sr Cotino blindó el negocio de geriátricos de su familia, un negocio que ha costado a la Generalitat Valenciana el desembolso de una gran cantidad de millones que podría haber destinado a mejorar los recursos de proximidad más demandados por las personas dependientes que en un 85% quieren ser atendidos en sus domicilios”. Con la entrada en vigor de la Ley de Dependencia, el modelo de atención que la Generalitat diseñó fue la de primar los ingresos en residencias frente a la atención domiciliaria de las personas dependientes “el negocio familiar tenía que aumentar y por ello la conselleria de Bienestar Social desde el año 2006 ha aumentado anualmente hasta cuadruplicar en 2010 el presupuesto destinado a financiar las plazas en residencias privadas”, añade Marco.

La secretaria de Políticas Sociales ha insistido en que "el anuncio de la conselleria de Bienestar social de no pagar a partir del 1 de septiembre las plazas residenciales concertadas, pone en evidencia el fracaso del modelo valenciano de atención a la dependencia basado en el boicot y en el negocio, y no en la voluntad real de atender a las personas dependientes y sus familias, que no sólo quieren plazas en residencias, sino servicios próximos como ayuda a domicilio, teleasistencia o asistentes personales".