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Podemos expresa su satisfacción porque el almacén de gas Castor no pueda volver a operar

    El diputado del grupo parlamentario Podemos-Podem, César Jiménez, ha destacado hoy que el informe elaborado por un grupo interdisciplinar de expertos del Massachusetts Institute of Technology sobre la situación del almacén de gas Castor, situado frente a la costa de Castellón, ha dictaminado que esta plataforma no podrá volver a operar.

    Los expertos han determinado que fueron las inyecciones de gas realizadas en el almacén las causantes de los centenares de movimientos sísmicos que se registraron en la zona. En consecuencia, el almacén no puede en ningún caso volver a ponerse en funcionamiento,  y tampoco se debe intentar extraer el gas inyectado porque podría nuevamente causar movimientos en la falla de Amposta.

    En este sentido, Jiménez ha resaltado que "por fin la población de la comarca del Baix Maestrat podrá dormir tranquila sabiendo que la plataforma Castor no podrá volver a poner en riesgo su integridad, ya que no podrá volver a operar”.

    No obstante, ha lamentado que "la actuación del PSOE como impulsor del proyecto, y del PP, que aprobó en solitario indemnizar con más de 1.350 millones de euros a su propietaria, Escal UGS, además de poner en riesgo a la población de esta comarca les ha dejado como legado algo similar a un "Chernobil" ya que, según los expertos, ni se puede desmantelar ni se puede volver a utilizar".

    Jiménez ha recordado que Podemos impulsó en el Congreso de los Diputados, en coordinación con el grupo parlamentario de Les Corts, una iniciativa que fue aprobada  hace un año por la Comisión de Industria del Congreso para reclamar al Gobierno un calendario de cierre y desmantelamiento del proyecto de almacenamiento de gas Castor y para estudiar la posibilidad de exigir responsabilidades penales a su promotor, la empresa Escal UGS, participada por ACS, cuya presidencia ostenta Florentino Pérez.

    La iniciativa también instaba a impulsar las actuaciones necesarias que permitan recuperar la cantidad retribuida a la empresa Escal UGS, en concepto de extinción de la concesión, al entender que la compañía "incurrió en dolo o negligencia imputable" y a establecer las responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa Escal UGS, por los movimientos sísmicos consecuencia de la puesta en servicio del almacén. El parlamentario ha señalado que Podemos considera “injusto que el fracaso de una iniciativa privada tuviera que ser asumido por la ciudadanía”.

    También en Les Corts Valencianes, Podemos presentó una proposición no de ley aprobada de manera unánime en las Corts Valencianes en 2015 en la que se solicitaba la entrega de los informes solicitados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Vinaròs para determinar responsabilidades jurídicas por el diseño del proyecto Castor, sin tener en cuenta los posibles impactos ambientales y las consecuencias para la población.

     

     

     

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