Pañella se pregunta "cuántos de esos supuestos 60 policías nuevos para el campo vendrán a las comarcas de Castelló"

El diputado por Castelló de Compromís, Josep Maria Pañella, ha declarado que "el gobierno español "pasa" del campo valenciano, y sólo se acuerda de él a la hora de cobrarle los fuertes impuestos, a cambio de los cuales no le garantiza seguridad ni protección. Y en la reunión celebrada ayer en Castelló, los representantes de los agricultores sólo volvieron a escuchar del gobierno de Madrid palabras vacías y declaraciones de intenciones que luego no se cumplen en la realidad. Mientras tanto, continúa sin modificar la tipificación de los actos contra los bienes rurales y las cosechas, manteniendo estos delitos como meras faltas, a pesar de las repetidas peticiones de los sindicatos agrarios, que desde Compromís siempre hemos apoyado".

Respecto a la promesa del conseller Castellano sobre 60 nuevos agentes autonómicos, transferidos por la policía nacional, que se encargarán de patrullar los campos, el diputado de Compromís ha declarado que "primero que todo, tenemos que ver realmente a estos agentes patrullando por el campo, porque estamos tan acostumbrados al incumplimiento de las promesas del PP que, como Santo Tomás, sólo lo creemos cuando lo vemos. Pero, suponiendo que sea cierto, y que realmente esos 60 agentes se incorporen a esta tarea, ¿a cuantos guardias tocaremos en las comarcas de Castelló? ¿A 6 agentes? ¿Tres patrullas de dos personas turnandose en la defensa del campo, desde el Alto Palancia al Baix Maestrat? Esto era el número de la antigua policía rural en un solo municipio. No creo que esta nueva vigilancia asuste mucho a los ladrones, francamente".

Pañella ha recordado "las alternativas que llevamos años defendiendo desde Compromís. Este tema de los robos rurales se ha de afrontar en el contexto global de la creación de una auténtica policía autonómica propia, no de la transferencia simbólica de algunos agentes policiales a la Generalitat; una policía autonómica creada a partir de las necesidades del territorio, con protocolos claros en este caso de intervención en el mundo rural, dotada de personal y de medios, y en estrecha colaboración con ayuntamientos y organizaciones agrarias. Y, además, actuando sobre un código penal reformado, en el que los actos cometidos contra los bienes, las propiedades rurales y las cosechas sean tipificados como delitos, y no como meras faltas, y donde la reincidencia sea de verdad contemplada como un agravante".