Linares exige a Lorenzo que tome las medidas oportunas para garantizar la seguridad de los municipios de la provincia
Andrea Fabra recuerda que hace un año y medio "pedimos a Subdelegación un plan específico de seguridad para el interior de Castellón
La secretaria provincial ha realizado estas declaraciones tras conocer que, por octava vez en poco más de un mes, una banda de ladrones ha asaltado, de nuevo, unas dependencias consistoriales, en esta ocasión, en la localidad de Càlig.
Marisol Linares ha recordado que el pasado 21 de septiembre unos delincuentes asaltaron tres ayuntamientos de la comarca de la Plana Baixa: Vilanova, Cabanes y Vilafamés. Una semana más tarde, el 29 de septiembre, robaron en los ayuntamientos de Xert, Catí y La Jana, en el Baix Maestrat. "Sólo un día más tarde, el hurto se produjo en el consistorio de Espadilla, donde sustrajeron la caja fuerte y el ordenador del alcalde. Y ayer, 5 de octubre, en el consistorio de Cálig".
Linares ha considerado que esta situación "está por encima de lo intolerable", por lo que ha demandado a Antonio Lorenzo "que haga lo que tenga que hacer, que hable con quien tenga que hablar, pero que acabe con l clima de inseguridad que ha invadido a los ciudadanos de la provincia". De no ser así, Linares le ha pedido un ejercicio de responsabilidad política y de gobierno y que "deje a otra persona que se preocupe por la seguridad de los ciudadanos".
La secretaria provincial ha vuelto a reiterar que "la seguridad es una competencia exclusiva del Estado, a través del Ministerio del Interior y, por tanto, es el Subdelegado del Gobierno el encargado de informar de las necesidades de cada uno de los municipios de la provincia a la que representa". Por tanto, le ha pedido a Lorenzo que "se ponga las pilas y trabaje para que nuestros ciudadanos se sientan más seguros".
"Si lo que tiene que hacer es reunirse con los alcaldes de los municipios afectados y trazar un plan común, que lo haga, y si lo que ha de hacer es exigir al Ministerio que vengan más agentes, que lo haga también. Lo que sea por los castellonenses. El puesto de Subdelegado del Gobierno en una provincia no es un cargo de comisario político de un partido. Es un cargo de responsabilidad de un Estado", ha finalizado Marisol Linares.
Por su parte, la diputada nacional del Partido Popular por la provincia de Castellón Andrea Fabra ha lamentado “la total impunidad y absoluta tranquilidad con la que actúan las bandas de delincuentes en los municipios del interior de la provincia de Castellón”.
Andrea Fabra ha considerado que “el asalto a ocho ayuntamientos en los últimos doce días demuestra que los ladrones se permiten el lujo de reincidir en sus objetivos y en la misma zona con pocas horas de diferencia”.
La diputada nacional ha lamentado que “ahora son los ayuntamientos, pero antes fueron masías y granjas los que sufrieron toda clase de asaltos sin que se tomen las medidas adecuadas”.
Estas declaraciones se producen cuando se cumple un año y medio desde que la parlamentaria popular pidiera al subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio Lorenzo, un plan específico de seguridad para los municipios del interior de la provincia y de la que, hasta la fecha, no ha habido respuesta.
“Los vecinos de las comarcas de interior no recuerdan una actividad delictiva tan grande como la que se viene produciendo en los últimos meses, en gran parte motivada por la crisis económica y la escasez de efectivos y medios de la Guardia Civil. Prácticamente todos los días hay robos en instalaciones de riego, maquinaria agrícola, cosechas o cableado eléctrico”, ha afirmado la diputada castellonense.
Por todo esto, Andrea Fabra ha considerado que “el Subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio Lorenzo, debe sentarse con los municipios afectados y, conjuntamente, diseñar una estrategia común que permita una solución consensuada. Estamos seguros que los agentes de la benemérita los van a detener, pero no debemos dejar que los árboles no nos dejen ver el bosque porque el verdadero problema de fondo es la seguridad en el interior”.
La parlamentaria popular ha lamentado “la precariedad personal y material” con la que tienen que trabajar los profesionales de la Guardia Civil en Castellón, al tiempo que ha aprovechado para volver a denunciar el incumplimiento sistemático del gobierno para la construcción de nuevos cuarteles y dotar de más efectivos al interior de la provincia.
“En nuestra provincia hay 682 agentes de la Guardia Civil vigilando un área de 367.000 habitantes. Es decir, a cada agente le corresponde velar por la seguridad de 540 vecinos. De ahí vienen todos los problemas actuales. Sólo en el cuartel de Vilafamés, sus agentes atienden hasta 7 municipios de la misma zona y tres pedanías (Cabanes, Vall d’Alba, La Pobla Tornesa, Borriol, Vilanova, Benlloch y Useres), algo increíble”.
Andrea Fabra ha comentado que “curiosamente, la solución a esa zona va a llegar de la mano de la Generalitat Valenciana que, afortunadamente, este mismo mes inaugurará la comisaría de la Policía Autonómica en Vall d’Alba. Estoy seguro que la llegada de cerca de 50 agentes a la primera sede comarcal de este cuerpo en la Comunitat va a mejorar notablemente el actual caos”.
La diputada del PP ha afirmado que la situación en las propiedades agrícolas no es mucho mejor. “Según las estimaciones de FEPAC-ASAJA, ya se han producido más de 130 robos en pozos de riego de la provincia en lo que llevamos de año. A eso hay que sumar los 22 hurtos en granjas o ganaderías que dejan detrás de si daños por valor de entre 18.000 y 24.000 euros en cada ocasión. Sin duda, estamos ante la mayor plaga de la agricultura provincial”.
Finalmente, la parlamentaria popular ha afirmado que “para una situación que no es puntual hacen falta medidas que tampoco sean puntuales, que vayan más allá de unos meses o un año. Por tanto, es necesario que la Subdelegación del Gobierno trace un plan de choque específico para nuestras comarcas. Aunque el principal problema con el que nos enfrentamos sigue siendo el mismo, la falta de agentes de la Guardia Civil en la provincia de Castellón. Ni los hay para vigilar los pozos ni para investigar la venta y compra de productos robados a bajo precio en mercados de segunda mano. El Subdelegado del Gobierno debería dedicar a esta cuestión, al menos, el mismo empeño que está dedicando a justificar unas inversiones de los Presupuestos Generales del Estado en la provincia de Castellón que son, a todas luces, absolutamente injustificables”.
