El PP pide al gobierno de la nación que no se congelen las pensiones en 2011

El vicepresidente Rubén Ibáñez ha presentado esta mañana la moción que el Grupo Popular presentará mañana al pleno pidiendo que no se congelen las pensiones el próximo año. El texto propone instar al gobierno de la nación, liderado por el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, que levante el veto a la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular, recogiendo la voluntad expresada reiteradamente por el Congreso de los Diputados.

Así mismo la moción hace hincapié en que se respete el derecho de los pensionistas a la revalorización de las pensiones establecido por la Ley 24/1997, de consolidación y racionalización de la Seguridad Social, manteniendo así su nivel adquisitivo.

El vicepresidente Ibáñez ha asegurado que la congelación de las pensiones afecta a 119.183 personas en la provincia de Castellón y que “desde el Partido Popular no entendemos que se sea este colectivo el que tenga que pagar los platos rotos de una mala gestión, ineficaz y perjudicial del gobierno de Zapatero”.

La congelación impuesta por el Gobierno pretende ahorrar a costa de los pensionistas 1.400 millones de euros en el régimen de la Seguridad Social y otros 130 millones adicionales en el Régimen de Clases Pasivas del Estado.

La moción expone que no incrementar las pensiones va a erosionar gravemente el poder adquisitivo de cinco millones de pensionistas, que se van a ver privados de su derecho a la revalorización de las pensiones, que está establecido por la ley 24/1997 de consolidación y racionalización del sistema de seguridad social, y basado, a su vez, en el Pacto de Toledo y en el acuerdo entre el Gobierno y los sindicatos de 9 de octubre de 1996.

El vicepresidente ha asegurado que la congelación “resulta por completo injustificada, ya que el gobierno viene insistiendo en el superávit de la Seguridad Social, con lo que ahora no se entiende que adopte esta medida que tanto perjudica a un colectivo tan numeroso en esta provincia, y en España”. La moción es contundente en exponer que el Gobierno de Zapatero no sólo recorta derechos sociales de los sectores más débiles y desfavorecidos por los efectos de la crisis económica, como son los desempleados, las madres y los pensionistas, sino que además ataca a los ayuntamientos haciéndoles pasar por culpables de un endeudamiento del que sólo son responsables en un 6%, mientras que corresponde un 15.5% a las Comunidades Autónomas y el propio Estado acapara el 78.5% restante.