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Lorenzo asegura que en lo que llevamos de año no se ha sancionado por cuidar su huerto a ningún agricultor que esté cobrando el desempleo

  • Reta al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón a hacer públicos los datos de los supuestos sancionados

  • Recuerda que todas las administraciones públicas están obligadas a cumplir la Ley y que no hacerlo puede acarrear importantes problemas judiciales, como ya se ha podido comprobar en la provincia de Castellón

El subdelegado del Gobierno en Castellón, Antonio Lorenzo, ha manifestado que a pesar de lo que se ha dicho desde el Ayuntamiento de Castellón, la Inspección del Ministerio de Trabajo “en lo que va de año no ha sancionado por cuidar su huerto a ningún agricultor que esté cobrando el desempleo”. Por ello, ha añadido, “reto a que desde el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castellón se hagan públicos los datos de los supuestos sancionados”.

También ha explicado que “en estos momentos, no se está llevando a cabo ninguna campaña especial en este sector, sino que se siguen realizando las actuaciones ordinarias programadas por la propia Inspección, idénticas a las de otros años”.

No obstante, Lorenzo ha aclarado que “desde que fuera creada en 1906, los funcionarios de la Inspección de Trabajo se dedican a perseguir la economía sumergida, ya que semejante práctica, además de insolidaria, resulta ilegal”.

El subdelegado ha añadido que “en la lucha contra el fraude debemos implicarnos todos los ciudadanos y ciudadanas, porque una sociedad moderna como la nuestra no puede permitir que los derechos de los trabajadores resulten lesionados.”

Por último, Lorenzo ha lamentado que “desde el Ayuntamiento de Castellón se intente crear alarma entre la ciudadanía” y que “una vez más, se haya pretendido justificar situaciones que están al margen de la Ley”. El subdelegado considera “sorprendente” que “a estas alturas en el Ayuntamiento todavía no tengan claro que todas las administraciones públicas están obligadas a cumplir la Ley”, y que aquellos políticos que no lo hagan, “pueden tener importantes problemas judiciales, como ya se ha podido comprobar en la provincia de Castellón”.

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