Colomer contrapone el año de la “acción” del Gobierno de España con el de la “parálisis” de la Generalitat y de la Diputación en plena crisis

El secretario general provincial y portavoz en la diputación, Francesc Colomer, ha realizado un balance de las previsiones en materia de inversión que va a tener la provincia de Castelló en este año que acaba de empezar y en esa línea ha contrastado la “Acción” del Gobierno de España” con la “parálisis y la pasividad” de la Generalitat y la diputación.

El también alcalde de Benicàssim, realizó esta exposición en la reunión interparlamentaria celebrada el lunes en la sede del partido, a la que asistieron los cargos institucionales del partido en las Cortes Generales, en el Senado y en las Cortes Valencianas, además de la Comissió Executiva Provincial. Para ello, destacó el fuerte impulso que va a suponer para la provincia de Castelló el Plan Zapatero II, con 65 millones de euros en inversiones para todos los municipios de Castelló; el AVE, del que sólo el pasado viernes se autorizó la licitación de dos tramos de 133 millones de euros que hay que sumar a los otros tramos licitados hasta el momento; las variantes de la N-340 en Castelló; las desaladoras o la A-68 de Aragón al Mar por Vinaròs, todas ellas impulsadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

En el otro lado de la balanza, como expuso Colomer, se encuentra la constatación de la “parálisis” de la Generalitat de Camps y citó ejemplos como el Plan Confianza, hasta el momento inexistente; la nula licitación de carreteras –la Generalitat lleva más de dos años sin empezar ni una sola carretera-; los más de 300 millones de euros que debe a los municipios de Castelló por el Fondo de Cooperación prometido hace diez años; el proyecto Mundo Ilusión totalmente paralizado o los campos de golf prometidos y también paralizados, sin olvidar obras como la de la CV 10 entre La Pobla y Vilanova paralizada porque la Generalitat ha dejado de pagar a las empresas.

Para Colomer el problema no es sólo la actitud pasiva del PP de la provincia de Castelló a la hora de reivindicar inversiones a Francisco Camps, sino “el hecho de que encima se han convertido en el partido del NO y se oponen a cualquier infraestructura impulsada por el Gobierno de Zapatero”. En esta línea, recordó la oposición del PP al AVE a Castelló; la oposición a la variante de la nacional 340 en Castelló, hasta el punto de que el alcalde y diputado autonómico, Alberto Fabra, impulsó en las Cortes una propuesta para paralizar esta obra; o, más recientemente, el NO al programa Escuela 2.0 que contemplaba, entre otras muchas cosas, ordenadores para todos los alumnos y alumnas de la Comunitat Valenciana y pizarras digitales con una inversión de casi 12 millones de euros que pagaría el Gobierno de España y que se van a perder por el boicot del PP que ha preferido que ese dinero se vaya a otras comunidades aduciendo que los ordenadores provocan miopía a los alumnos.

Por estos motivos, Colomer pidió a los diputados autonómicos máximo celo para pedir en las Cortes Valencianas todas las inversiones prometidas para Castelló y que ni están en el presupuesto ni se las espera. El secretario general recordó que el PP no ha sido capaz ni de pedir a Camps lo que se comprometió a hacer en rueda de prensa. Para los socialistas, el hecho de que Castelló vaya a tener la inversión más baja de la historia por parte de la Generalitat es la constatación del nulo peso político del PP de Castelló.

Por otra parte, informó a los cargos institucionales de las mesas de trabajo que va a organizar el partido para desarrollar las propuestas que salieron de la primera convención política celebrada en Castelló y de las que se encargarán los correspondientes secretarios de área coordinados por el secretario de Ideas, Programas y Formación, Josep Gisbert. Por último, Colomer mostró la preocupación del partido y de los alcaldes por el grave problema que está sufriendo la provincia de Castelló en materia de tratamiento de residuos, después de que el fracaso del PP en su gestión, incapaz de impulsar un solo vertedero en catorce años, va a obligar a los municipios a tener que transportar sus residuos sólidos urbanos hasta la provincia de Alicante, con el consiguiente incremento de coste que supondrá para el recibo de la basura.