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CSI·F denuncia que la provincia de Castellón ha perdido 140 plazas de trabajadores del Estado en el último trienio

    El sindicato CSI·F denuncia la pérdida de 1.082 empleados de la Administración General del Estado (AGE) entre 2012 y 2015 en el conjunto de la Comunitat Valenciana. De estos, 140 puestos corresponden a la provincia de Castellón, donde la pérdida de servidores públicos se cifra en un 6,47% en el último trienio, ya que pasa de 2.163 trabajadores en 2012 a 2.023 a día de hoy.

    Así lo revelan los últimos datos anuales aportados por la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas que además fijan la ratio de trabajadores del Estado por habitante, en la provincia, en un trabajador del Estado por cada 291 ciudadanos, una de las peores a nivel nacional, mientras comunidades como Aragón tienen un trabajador de AGE por cada 191 habitantes.
    La comparativa de las provincias de la Comunitat con respecto a otras regiones alerta de una discriminación más que notable. En este sentido CSI·F explica que en 2012 la plantilla de AGE en la provincia de Valencia ascendía a 8.531 empleados públicos y en apenas tres años ha perdido 618 trabajadores, sobre todo debido a la falta de reposición de la mayoría de las jubilaciones. Estas reducciones de plantilla, con el consiguiente deterioro del servicio público, se aprecian también en Alicante que ha perdido 324 empleados del Estado en ese trienio y tiene 3.763 empleados.

    CSI·F insta al Gobierno a reforzar las plantillas de Servicio Público de Empleo Estatal, Fogasa, Instituciones Penitenciarias, Agencia Tributaria, Tráfico, oficinas de expedición de DNI y pasaporte o Extranjería, entre otros organismos cuyas carencias aprecian a diario los castellonenses. El sindicato explica que las elevadas ratios actuales de empleados por habitante provocan una sobrecarga de estos servicios e impiden ofrecer la atención adecuada.

    La central sindical subraya que la gestión de personal realizada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha provocado una elevada amortización de plazas en la Comunidad Valenciana. Al mismo tiempo, no convoca suficientes concursos públicos con las vacantes necesarias para prestar un servicio eficaz al ciudadano.

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