El Grupo Socialista en la Diputación pide apoyo para los sindicalistas procesados tras las denuncias producidas en la huelga general del 14 de noviembre de 2012

El Grupo Socialista en la Diputación ha presentado una moción para su debate y aprobación en el próximo pleno del mes de julio la cual insta al Gobierno de la Generalitat Valenciana que se dirija al Gobierno de la Nación con el objetivo de que manifieste su apoyo a todos los trabajadores, entre los cuales se encuentran sindicalistas procesados, en la confianza de su honradez y el reconocimiento que su labor sindical a lo largo de los años un hecho que ha reportado beneficios para el conjunto de los trabajadores. La moción socialista también solicita a que el Gobierno se comprometa a utilizar todos los medios a su abasto para defender los derechos de los trabajadores, así como la libertad de expresión y de huelga de los trabajadores en España.

Los socialistas han señalado que “el derecho a huelga es un derecho amparado en nuestra ordenanza constitucional, que tiene que ser protegido especialmente cuando decide ejercitarse”. Por ello, el 14 de noviembre de 2012 los sindicatos del País, Comisiones Obreras y UGT, convocaron una huelga general para expresar el rechazo a las medidas que estaba adoptando el Gobierno de la Nación en materia laboral y que comportaban una fuerte reculada en los derechos de los trabajadores y trabajadoras. Además, el grupo socialista ha indicado que “desde primera hora de esa mañana, centenares de trabajadores se concentraron en la entrada de fábricas y centros de trabajo en el País Valencià como expresión pública de su adhesión a las huelgas convocadas”. “Este hecho no puede considerarse por sí mismo como un comportamiento sospechoso de incurrir en prácticas delictivas”, apuntan. Por lo que “la presencia a las puertas de muchas fábricas y lugares de trabajo de un buen número de unidades policiales antidisturbios y su actitud frente a los trabajadores concentrados creó un clima de tensión”. Asimismo, después de los incidentes producidos el día de la huelga general y las posteriores denuncias de la policía se produjo al inicio de la instrucción.

“Las acusaciones formuladas por el Ministerio Fiscal en las solicitudes de pena para cada acusado sin identificar las conductas individuales de cada uno de ellos, además de poner en evidencia la inconsistencia de la acusación, sitúa a estos en una clara indefensión jurídica que no habría de permitirse en un estado de derecho”, denuncian.

Por último, los socialistas destacan que “debido a las deficiencias e irregularidades puestas de manifiesto en todo el proceso sería aconsejable, y como expresión de salud democrática, que el Ministerio Fiscal retirara las acusaciones contra los sindicalistas y contra los demás trabajadores para vaciar cualquier duda que se encuentren frente un juicio político que lo que intenta es criminalizar el ejercicio del derecho de huelga y la libertad sindical”.