Barrachina: “Sorprende que una ex ministra socialista amenace para que el Gobierno pague 1.800 millones a Florentino Pérez”
Magdalena Álvarez advierte que el BCI podría llevar al Ejecutivo de Rajoy a los tribunales para exigir 500 millones si no reabre el Castor
“El PSOE se preocupa por obligar a que se pague una fortuna a una empresa a la vez que esquilma a los desempleados andaluces”, afirma
El vicepresidente primero de la Diputación, Miguel Barrachina, ha explicado que “resulta sorprendente que la ex ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, bajo la tutela de Rubalcaba mientras era vicepresidente del Gobierno socialista, pida explicaciones y amenace con llevar al Gobierno de España a los tribunales si no reabre el Castor, después de sumar 1.800 millones de euros desperdiciados por los socialistas”. Barrachina ha reaccionado de esta forma ante la amenaza de la actual vicepresidenta del Banco Central de Inversiones (BCI), el día antes de que la jueza de los ERE socialistas “le obligue a aportar una fianza de 29,5 millones por haber despilfarrado el dinero dedicado a los desempleado andaluces”.
Hay que recordar que el Gobierno del PP paralizó la actividad en la plataforma de almacenamiento de gas Castor tras producirse 500 movimientos sísmicos tras la inyección de gas por parte de la empresa. Ante este hecho, con el compromiso del ministro de Industria de no reabrir la planta si no hay absoluta garantía de seguridad para los municipios del norte de Castellón, la socialista Magdalena Álvarez, amenazó ayer con llevar a los tribunales al Gobierno de Rajoy para que le devuelvan al BCI 500 millones de euros con los que facilitaron las obras del Castor.
Ante este hecho, el vicepresidente y portavoz de la Diputación ha lamentado que “el PSOE se preocupa por la fortuna y por los 1.800 millones de euros que hay que pagarle a Florentino Pérez, a la vez que esquilma a los desempleados andaluces”. Barrachina asegura que la nueva presión que intenta hacer la cúpula socialista que dirige Rubalcaba perjudica ostensiblemente a Castellón y refuerza las dudas que planteó ayer Javier Moliner, al señalar que “Florentino Pérez debería explicar qué es lo que le debía el PSOE para garantizarle el pago de 1.800 millones de euros por una planta de gas que no es útil”.
Barrachina ha calificado de despropósito los 1.8000 millones de euros que se han invertido en la planta de almacenamiento de gas del Castor, “que es lo mismo que suman proyectos que ya generan, o generarán, riqueza en nuestro territorio, como la Ciudad de las Artes y las Ciencias, el Corredor Mediterráneo hasta Castellón y el aeropuerto”
La ministra socialista del ‘antes partía que doblá’
“La ex ministra socialista Magdalena Álvarez suele defender que ella prefiere estar ‘antes partía que doblá’. Pues en el caso de la provincia de Castellón lo aplica a rajatabla al preferir ‘partir’ la seguridad de nuestros vecinos al no exigir garantías, para no tener que ‘doblarse’ ante la empresa a la que concedieron un contrato blindado, incluso en el caso de que pudiese haber negligencias”, ha lamentado el portavoz de la Diputación de Castellón.
Barrachina ha hecho estas declaraciones después de que el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, ya señalase ayer que “Florentino Pérez debería explicar qué es lo que le debía el PSOE para garantizarle el pago de 1.800 millones de euros por una planta de gas que no es útil”.
Cuatro ministros socialistas tramitaron el proyecto
Hay que recordar que el procedimiento administrativo del Gobierno socialista entre 2008 y 2010, con Rubalcaba como vicepresidente, incluyó la concesión de explotación para el almacenamiento subterráneo Castor mediante Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que dirigía ya Miguel Sebastián, el 16 de mayo de 2008.
El 11 de noviembre de 2009, la Secretaría de Estado de Cambio Climático, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, entonces encabezado por la ministra Elena Espinosa, publicó la resolución de la Declaración de Impacto Ambiental favorable.
Asimismo, el Ministerio de Medio Ambiente concedió en abril de 2010 la Ocupación de Dominio Público Marítimo Terrestre para las instalaciones marítimas. Tras ello, en junio de 2010, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publicó la Autorización Administrativa y el Reconocimiento de Utilidad Pública del almacén subterráneo, con lo que dio plena validez al almacén subterráneo frente al litoral castellonense, durante la pasada legislatura.
Todo este procedimiento administrativo impulsado desde el Gobierno de España fue auspiciado con el reiterado apoyo y visto bueno de la Subdelegación del Gobierno, bajo la dirección de Antonio Lorenzo, y con el apoyo decidido del Ayuntamiento de Vinaròs, gobernado por el PSOE, gracias al apoyo de los independientes de PVI y el Bloc, que propició con su voto la alcaldía del socialista Jordi Romeu.
