Martínez pide una mayor coordinación al conjunto de las administraciones públicas para lograr más efectividad en la lucha contra los robos en el campo
El secretario de Medio Rural, Agricultura y Agua de la Ejecutiva Provincial del PSPV de Castelló, Ramón Martínez, pide al conjunto de administraciones públicas una mayor coordinación para lograr más efectividad en la lucha contra los robos en el campo. Martínez ha denunciado que no se puede recortar ni castigar más a un sector que "está herido de muerte, ni esperar a que fallezca un agricultor o un vigilante que está defendiendo sus cosechas". "Como tampoco -continúa Martínez- permitir la tala de árboles para, posteriormente, vender la leña, ya que son muchos los años de sacrificio que necesitan los cultivos frutales o cítricos para que en unos pocos minutos desaparezca esa inversión, o, en el peor de los casos, desaparezca incluso la actividad agrícola". "Lamentablemente, en estos últimos tiempos, el mundo rural ha padecido continuos robos de herramientas, abonos o piezas de hierro, pero la situación ahora se ha agravado porque esta oleada de hurtos que suponen la erradicación de la actividad, el árbol", añade Martínez.
El dirigente socialista ha hecho hincapié en que para resolver la situación actual se debe activar de inmediato un plan de refuerzo de la vigilancia en las zonas rurales con tal de combatir los robos de cosechas, de instalaciones agrarias y de materiales. Por este motivo, "es necesario exigir un mayor refuerzo de agentes en las zona rurales y un horario más amplio para atajar la inseguridad en los campos, ya que no pueden reducirse los efectivos a un pareja durante la noche por comarca".
El responsable de Agricultura ha recordado que en 2011 el Gobierno que entonces presidía José Luís Rodríguez Zapatero, puso en marcha el Plan Nacional contra Sustracciones y Explotaciones Agrícolas y Ganaderas, que dotaba de 282 efectivos a la Comunitat Valenciana. En concreto y con dedicación exclusiva, 112 se destinaron a Alicante, 47 a Castelló y 123 a Valencia, apoyados a su vez por personal de 50 áreas de investigación, 35 equipos de Policía Judicial, el Seprona, la agrupación de Tráfico y las patrullas de seguridad ciudadana de la Guardia Civil. Dicho plan de actuación permitió coordinar los efectivos existentes y paliar la oleada de robos que se vivió en aquel momento.
