Más del 15% de los internos de Castellón I están privados de libertad por casos de Violencia sobre la Mujer
La jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer dice que la Ley Integral está dando buenos resultados “porque cada vez hay más denuncias y porque castiga al agresor, que es un delincuente”
Al término de la sesión de trabajo el subdelegado del Gobierno, Antonio Lorenzo, ha destacado la importancia de este tipo de reuniones “que sirve de espacio de encuentro de todas las administraciones con competencias en la materia”. De lo que se trata, ha añadido, “es de que todos trabajemos de forma coordinada para que los recursos de los que disponen las distintas administraciones públicas sean lo más eficaces posibles en la lucha contra el terrorismo machista”. El subdelegado ha añadido que “no podemos rebajar ni un ápice la tensión en el campo de la lucha contra el terrorismo machista”.
Por su parte, la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno ha destacado que en el Centro Penitenciario Castellón I “en estos momentos hay más de cien hombres ingresados por Violencia de género o por otras causas, pero que tienen orden de protección y causas por violencia pendientes”. Este dato supone que en la actualidad “más del 15% de la población penitenciaria de Castellón I está relacionada con asuntos de Violencia sobre la mujer y que en estos momentos los casos de violencia sobre la mujer representan la segunda causa de ingreso en prisión”. Así las cosas, en opinión de Soldevila “queda de manifiesto que cada vez hay más denuncias y que la Ley integral contra la Violencia de género es eficaz porque castiga al agresor, al agresor que es un delincuente”, lo que “contribuye a dar seguridad a las víctimas”.
Por su parte, la responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Marina Calatayud, ha señalado que “en estos momentos existe una escasez de plazas ofertadas por las administraciones locales para la realización de trabajos en beneficio de la comunidad”. Ha explicado que estas plazas “están previstas en el código penal para este tipo de delitos, y que consisten en la realización de una serie de horas de trabajo, que como su propio nombre indica, se hacen en beneficio de la comunidad, que no conllevan remuneración, pero han de realizarse en una institución o en una administración pública”. Son las penas que se suele imponer cuando se condena a un agresor que comete por primera vez un delito de violencia de género. Según ha explicado Calatayud, “esta escasez de oferta de plazas de las administraciones locales puede estar generando una situación de prescripción de penas”. Para evitarlo, “desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias se está trabajando en la sensibilización de los ayuntamientos para que ofrezcan más plazas”.
Por otra parte, la responsable de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Marina Calatayud, ha destacado la importante medida adoptada por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias que “ha ofertado 80 plazas para el cumplimiento de estas penas en el recinto penitenciario de Castellón I o en sus alrededores, y una cifra similar en Castellón II”. Lo que se pretende con esta iniciativa es que “no se dé en ningún caso una situación de impunidad de los penados”. Estas plazas serán ocupadas “tanto por internos en prisión que tienen penas en beneficio de la comunidad como por personas cuya única pena es la realización de este tipo de trabajos y que van a cumplirla en los aledaños del centro penitenciario”.
Por último, Marina Calatayud ha destacado la próxima implantación de la pulsera electrónica aprobada el pasado viernes por el Consejo de Ministros porque “porque responde a otra de las penas previstas en el código penal, la de la localización permanente” y que permitirá “la vigilancia del condenado durante las salidas penitenciarias y el cumplimiento de las penas que conllevan orden de alejamiento”.
