El fiscal mantiene la petición de 50 años para el acusado de los crímenes de Càlig
Hoy se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Castellón la última sesión del juicio con jurado contra E.P.R., quien ha aprovechado su última palabra para reiterar que no ha estado nunca en Càlig, que no conoció a los jóvenes y que no ha cobrado "ningún dinero por hacerle daño a nadie".
La fiscal ha destacado la brutalidad con que se ejecutó a los dos jóvenes y ha desgranado en su informe las contradicciones en que incurrió el acusado en sus declaración y las pruebas indirectas que existen para determinar que el acusado es autor del asesinato de los jóvenes
Así, se ha centrado en la existencia de dos colillas con su ADN en el desagüe del lavabo, en los 36.500 euros que el presunto sicario utilizó para hacer ingresos bancarios y comprar un terreno y vallarlo en los meses posteriores al suceso, y en su huida a la República Checa un día y medio después de que la Guardia Civil lo interrogase y le tomase muestras de su ADN.
La fiscal ha incidido en que el acusado no tenía intención de volver a España, lo que a su juicio queda demostrado en las conversaciones telefónicas que mantuvo con su esposa y en el intento de vender sus propiedades en España.
La representante del ministerio público considera otro indicio la negativa a declarar de los familiares del acusado, quienes en su opinión "no han declarado porque saben que es culpable y tendrían que haber mentido para no perjudicarle".
Según la fiscal, es "obvio" que el acusado cometió el crimen en conjunción con otras personas y bajo el encargo de un tercero, pero ha dicho que contra ellas "no existen pruebas", aunque les ha advertido de que "no podrán dormir tranquilas" hasta que prescriban los delitos de asesinato, porque "el caso se va a reabrir en el momento en el que salga una sola prueba (contra ellos)".
Por su parte, la acusación particular que representaba a la joven fallecida ha asegurado que el acusado es un "profesional" porque mató a dos jóvenes "por un puñado de dinero" y ha pedido al jurado que emita un veredicto de culpabilidad para evitar que E.P.R. quede libre con el riesgo de que vuelva a matar.
La acusación del joven fallecido ha elevado su petición de pena a 30 años por cada asesinato porque concurrieron las circunstancias agravantes de lugar y tiempo, mientras que la defensa ha pedido la libre absolución del acusado y ha reclamado al tribunal que no le prive de libertad porque "en caso de duda se debe absolver".
Los miembros del jurado popular recibirán el próximo lunes el cuestionario sobre el que deben pronunciarse antes de emitir su veredicto.
