La Diputación de Castellón acuerda con la Generalitat asumir los convenios hasta conocer el nuevo mapa de competencias

La Diputación de Castellón y la Generalitat han acordado que la institución provincial asuma inicialmente la financiación correspondiente a los convenios que tienen en común ambas instituciones mientras se resuelve el reparto de competencias que ha comenzado a plantear el Gobierno con el objetivo de evitar duplicidades. Esta situación será puntual, a la espera de que la nueva Ley de Régimen de Bases Local defina las nuevas competencias de las diferentes administraciones públicas.

En la reunión mantenida hace unos días por el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, y el vicepresidente de la Generalitat, José Císcar, se planteó el nuevo marco competencial de cara a los presupuestos de 2013. En vista de que aún no está definido, pero que se irá concretando a lo largo del año que viene, decidieron que sea la Diputación quien asuma la financiación inicialmente y que, una vez distribuidas las nuevas competencias, la Generalitat irá compensando económicamente aquellas responsabilidades que le asigne el Gobierno y que haya asumido inicialmente la Diputación.

La Diputación de Castellón ha decidido colaborar con la Generalitat debido a que su situación financiera le permite hacerlo después del importante esfuerzo hecho esta legislatura para gestionar la crisis económica global. Esto le ha permitido rebajar ya su deuda en 20 millones de euros desde julio de 2011 y pagar a sus proveedores en la cifra récord de 28 días, con un interés cero por demora, como ha demostrado el informe de morosidad del tercer trimestre del año.

Este acuerdo, además, permitirá a la Generalitat aliviar un poco la tensión de tesorería, que se prevé que mejore a lo largo del año 2013 gracias a las inyecciones del Fondo de Liquidez Autonómico, así como a su importante trabajo para reducir el déficit durante el último año y medio.

Las negociaciones se enmarcan dentro de un proceso de incertidumbre en el reparto competencial de todas las administraciones públicas y que derivará en mayores competencias para las diputaciones y, por tanto, una financiación más adecuada en el futuro para atender estos servicios. El objetivo del Gobierno es evitar duplicidades entre administraciones y asignar cada servicio a quien esté en mejores condiciones de prestarlo y a un menor coste.

Así lo ha anunciado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, el pasado fin de semana en Barcelona. Allí aseguró que “se persigue un modelo territorial que valore el papel del municipalismo y garantice la prestación adecuada de servicios. Hay que potenciar el papel de las diputaciones”.

Beteta insistió en que se necesita un modelo “que fortalezca el ámbito competencial, apoyo y complemento de los municipios, respetando las peculiaridades establecidas por las comunidades autónomas con competencias en materia de régimen local”.

Asimismo, el secretario de Estado señaló que nuestro país necesita “un modelo en el que las diputaciones aglutinen competencias y servicios a prestar en el territorio de forma subsidiaria cuando los procesos de evaluación de los estándares de calidad que se fijen o las ineficiencias así lo determinen”. “Las diputaciones deberán asumir su nuevo carácter organizativo, técnico y cultural para desarrollar funciones prestadoras de servicios directos, lo que exigirá una capacidad de control y una cultura de gestión muy determinada para no perder los valores del servicio público”.

Esto es algo que han tenido en cuenta tanto Javier Moliner como José Císcar a la hora de plantear esta situación, que es meramente transitoria y que se compensará durante el próximo ejercicio una vez que se reasignen todas las competencias.