La Diputación presentará al Gobierno un documento conjunto con las alegaciones de los afectados por la nueva Ley de Costas

El área de Medio Ambiente de la Diputación de Castellón, coordinada por el diputado Mario García, ha reunido esta mañana a los alcaldes y concejales de los municipios costeros de la provincia, así como a diversas plataformas y asociaciones vecinales, para analizar el borrador de anteproyecto de Ley de Protección y Uso Sostenible del Litoral y de modificación de la Ley 22/1988 de Costas.

Así, los más de 30 asistentes han trasladado su visión del borrador, publicado hace 20 días, tanto a la institución provincial como a los técnicos de conselleria que han participado con el fin de redactar un documento conjunto que recoja las alegaciones de los afectados y particularidades de todas las localidades del litoral castellonense. Las aportaciones serán recabadas por la Diputación hasta el 20 de agosto para, todo seguido, presentarlas tanto al Ministerio como a la conselleria de Medio Ambiente y a la Federación Española de Municipios y Provincias.

"Aunque la institución provincial no tenga competencias en materia de costas hemos decidido ponernos a trabajar de la mano de los municipios, quienes también tienen que presentar sus alegaciones particulares, para defender junto a la Generalitat Valenciana los intereses de la provincia frente al Gobierno Central y luchar para que nuestras demandas sean incluidas en la nueva Ley de Costas", ha explicado García.

Los temas y dudas más comentadas en la reunión han sido la determinación de los deslindes; la posibilidad de que se queden los vecinos en propiedad de las casas y no en concesión por 75 años; los criterios por los que se han delimitado los núcleos del Anexo 1 que se excluyen del dominio público marítimo - terrestre y pasan a ser patrimonio del Estado; así como otros artículos de la Ley que afectan a las propiedades.

La Diputación de Castellón creó hace dos años la Plataforma para la Defensa de las Viviendas y Propiedades del Litoral Castellonense con el objetivo de defender, desde una visión supramunicipal, a aquellas personas, poblados marítimos y municipios cuyas viviendas y propiedades públicas y privadas se ven afectadas por la aplicación retroactiva de la Ley de Costas de 1988.

Las localidades afectadas, cuyos representantes se han dado cita hoy, son Alcalá de Xivert, Almenara, Almassora, Benicarló, Burriana, Cabanes, Castellón, La Llosa, Moncofa, Nules, Oropesa del Mar, Peñíscola, Torreblanca, Vinaròs y Xilxes.

Cabe recordar que el pasado Pleno de la institución ya aprobó por unanimidad la moción del grupo popular para adoptar una solución que de seguridad jurídica y tenga en cuenta las necesidades de los ‘chiringuitos’ ubicados en el litoral y afectados por la aplicación de la legislación de costas.