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La Diputación anticipará cuatro millones a los ayuntamientos para que paguen a sus proveedores si el Gobierno aplaza la deuda

    El presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, se ha comprometido a destinar a facilitar los pagos a proveedores que tengan pendientes los ayuntamientos de la provincia con los cuatro millones de euros que podrá rescatar en 2012 si el Gobierno decide aplazar a 10 años la devolución de los 41 millones de euros. El equipo de Gobierno provincial aceptó la propuesta que les hizo Javier Moliner Moliner durante la reunión que mantuvieron el viernes para preparar los presupuestos de 2012.

    Se trata de un plan de financiación con anticipos que alivien la morosidad de los ayuntamientos. Una vez que los diputados del grupo popular han dado su visto bueno a la iniciativa, el presidente ha dado instrucciones para ver qué fórmula deberá adoptar la Diputación para poder adelantar los pagos a los ayuntamientos que lo soliciten.

    Lo que sí ha dejado claro Moliner es que “estos anticipos se dedicarían exclusivamente a pagar a proveedores de los ayuntamientos. Los problemas de financiación de algunos ayuntamientos están agobiando a muchas pequeñas empresas que, con esta financiación, pueden conseguir superar la parte más dura de la crisis”.

    En vista de la negativa del Gobierno socialista a aplazar a diez años el dinero que abonó de más por error en 2008 y 2009, y que ahora reclama a la Diputación, Moliner está convencido de que el Partido Popular será “mucho más sensible con las administraciones locales cuando Mariano Rajoy acceda a la presidencia después de las elecciones del próximo día 20 de noviembre”.

    De esta forma, el presidente de la Diputación complementaría los más de tres millones de euros que se van a incluir en los Planes de Obras y Servicios (POYS) para 2012 y que irán destinados a los municipios de menos de 5.000 habitantes, que son los que más necesitan el apoyo de la institución.

    A pesar de la petición de la Diputación de que amplíen a diez años el periodo para satisfacer este pago, al igual que ayuntamientos y diputaciones de toda España, el Gobierno mantiene la obligación de que se cumpla en cinco años debido a sus problemas económicos. Esto supone que obliga a devolver más de ocho millones de euros al año.

    En el caso de que se amplíe el plazo de devolución, la Diputación dispondría el año que viene de cuatro millones de euros para ayudar a los ayuntamientos a paliar parte de sus problemas de liquidez y de pagar facturas pendientes. La diferencia es que mientras que los POYS se destinarán a los municipios de menos de 5.000 habitantes, que son los que más lo necesitan, estos anticipos financieros serían para todos aquellos municipios que lo solicitasen, aunque la cantidad variaría en función de su población.

    Esto es algo parecido a las medidas que Alfonso Rus ha aplicado en Valencia, aunque no sería un dinero a fondo perdido, sino a devolver a final de 2013. Moliner está convencido de que para entonces los ayuntamientos, al igual que España, ya estarán saliendo de la crisis y podrán asumir estas devoluciones.

    Hay que recordar que la Diputación se ha visto a ajustar su partida destinada a los POYS de 2012 al tener que abonar el año que viene más de ocho millones de euros por el error del Gobierno al abonar más de 40 millones de más en 2008 y 2009. En cualquier caso, Javier Moliner ya recordó en el último pleno que, “al contrario de lo que hace el Ejecutivo socialista, nosotros no hemos solicitado este dinero a los ayuntamientos que, en última instancia, fueron los que recibieron este sobrepago por parte de la Diputación”.

    Esta ayuda consistiría en un préstamo a devolver en el plazo de dos años este dinero, una vez que los ayuntamientos hayan logrado rebajar su presión financiera y sus tensiones de tesorería.

    De esta forma, en 2012 no sólo no repercutiría Moliner los ocho millones de euros a los ayuntamientos, que han sido los beneficiarios finales de este exceso del Gobierno, sino que además les financiaría cuatro millones adicionales para pagar sus facturas más acuciantes con los proveedores.

    Asimismo, la Diputación ya ha anunciado diversas acciones de gestión directa encaminadas a aliviar a los ayuntamientos. “Ante la complicada situación económica que ha provocado el Gobierno por no saber ni identificar, ni analizar, ni afrontar la crisis, hemos tomado ya varias medidas que, en conjunto, pueden suponer unos 20 millones de euros de ahorro”, ha asegurado Moliner.

    Además, el presidente de la Diputación de Castellón se reunió el viernes con todo su equipo de Gobierno para preparar los presupuestos de 2012 y marcó las pautas que deberá seguir cada diputado para ajustar las cuentas a la nueva realidad económica. En esta línea, ha anunciado que de cara al año que viene habrá que presentar un presupuesto con un recorte de un 10% aproximadamente.

    “Llegamos a estos presupuestos al límite, como todo el mundo, pero pagando…como nadie”, ha aclarado Javier Moliner a sus diputados, a los que ha pedido corresponsabilidad en las nuevas cuentas. El presidente de la Diputación ha asegurado a sus diputados que “es fundamental, ante las dificultades para invertir todo lo que nos gustaría, mantener el ritmo de pagos a los ayuntamientos y nuestros proveedores”.

     

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