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El Grupo Popular presenta una moción solicitando el aplazamiento a 10 años de las liquidaciones de 2008 y 2009

    El Grupo Popular en la Diputación presentará una moción en el próximo pleno ordinario en la que solicita al gobierno central el aplazamiento a diez años de la devolución de las liquidaciones negativas de los años 2008 y 2009, o bien, que en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2012 se contemple, dentro de la partida del fondo municipal, un nuevo apartado económico con el fin de compensar el importe de la Diputación de Castellón, así como del resto de EELL, sucesivamente en los siguientes cuatro años.

    Además, insta al ejecutivo a la adopción de medidas extraordinarias y transitorias que palien las graves dificultades económicas y financieras por las que están atravesando las EELL, con objeto de garantizar que puedan hacer frente a las obligaciones contraídas y que les permita seguir prestando servicios básicos.

    El portavoz del PP en la Diputación, Vicent Aparici, ha destacado "que en estos últimos años la crisis económica ha puesto de manifiesto las dificultades de financiación y gestión de las administraciones locales especialmente. Ante esta situación los gobiernos locales están realizando un esfuerzo de contención del gasto público así como de ajustes presupuestarios para seguir prestando los servicios públicos a los ciudadanos".

    Aparici ha añadido "que esto no es suficiente si no va acompañado de una reforma institucional de las Administraciones públicas que establezca un sistema competencial claro y su financiación. El Gobierno de España es plenamente responsable de la situación de iliquidez de las cuentas de las entidades locales ya que una buena parte de su deuda consiste en la devolución por parte de estas administraciones de parte de las entregas a cuenta que en 2008 y 2009 les otorgó el Estado, así la Diputación de Castellón deberá devolver respectivamente 9.591.803 euros y 30.949.166 euros, en el plazo máximo de cinco años. Por ser de su ámbito competencial, corresponde al Gobierno de España llevar a cabo las actuaciones inmediatas que palien el problema de iliquidez que él mismo generó por sus errores de previsión de ingresos".

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