Maritina Hernández: “El proyecto de ley de Pesca Sostenible del Gobierno atenta contra la estructura social y económica que vertebra la pesca en la Comunitat”
La Consellera y el responsable de pesca del GPP en el Congreso se reúnen con el sector pesquero de Castellón
Por ello, ha exigido de nuevo al Ejecutivo que retire ese documento y abra un periodo de consultas en el que participen los representantes de las cofradías de nuestro territorio y permita consensuar un texto que atienda las demandas que plantea el sector y que apueste por su futuro.
“Es otra muestra –ha destacado- del desinterés del Gobierno de Zapatero hacia el sector pesquero y hacia nuestra Comunitat. Un Gobierno cuyas propuestas son reducir la participación de nuestros pescadores y cofradías en la regulación de aquellas cuestiones que les afectan, y permitir actividades como las prospecciones petrolíferas cuyo impacto negativo amenaza los recursos pesqueros y medioambientales de nuestro litoral y con ello el futuro de un sector del que en la Comunitat Valenciana dependen más de 5.000 familias”.
En este sentido, ha subrayado que la política necesaria en ese momento es la encaminada a reducir los costes y contribuir de este modo a hacer rentable la actividad pesquera, como hace el Consell a través del Plan Director de Pesca, y ha reclamado al Gobierno las medidas fiscales necesarias para hacer realidad este objetivo.
Maritina Hernández ha realizado estas declaraciones tras mantener una reunión con representantes del sector pesquero de Castellón y el portavoz de pesca del grupo parlamentario popular en el Congreso de los Diputados, Joaquín García, y la diputada Andrea Fabra.
Las Cofradías amenazadas
La Consellera ha criticado al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) por continuar adelante con esta medida sin escuchar ni contar con la opinión del sector pesquero, así como de los distintos gobierno autonómicos.
Entre los puntos en los que el Consell ha mostrados su desacuerdo se encuentra la eliminación de la obligatoriedad de realizar la primera venta en las lonjas autorizadas, lo que puede dar lugar a una falta de transparencia en las transacciones con un el grave perjuicio que supondría para los pescadores artesanales y sus rentas.
“Esto supone en la práctica la desaparición de elementos fundamentales para la comercialización como son las lonjas, ya que de este modo se desvirtúan las lonjas de pescado como centros de primera venta”, ha señalado. Esta situación puede afectar también a la aplicación de la reglamentación técnico-sanitaria en la que tanto el sector como la administración han venido trabajando desde hace años, que no podrá garantizar al consumidor final los actuales niveles de protección.
Por otra parte, ha criticado que el texto no contemple una descentralización de las competencias, “una cuestión primordial para la adecuada gestión y ordenación de los distintos caladeros, tanto en nuestro actual ordenamiento jurídico, como en el marco de la política pesquera común”.
Así, ha explicado que “la realidad de la pesca en la Comunitat Valenciana, con unos recursos, flotas y artes distintas a las de otras áreas geográficas, como la costa atlántica, hace necesaria la cercanía entre los foros legislativos y los medios y personas regulados, para favorecer una mayor participación del sector y un mayor conocimiento a la hora de tomar decisiones”, ha añadido.
Otro de los elementos que cuestiona tanto el Consell como el sector es la falta de adecuación del proyecto de ley a la reforma de la Política Pesquera Común: “Es inexplicable que no se haya esperado a conocer los resultados de la consulta sobre la reforma de la Política Pesquera Común para establecer los principios rectores de nuestra política pesquera puesto que va a quedar condicionada a los reglamentos que emanen de Europa”.
