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Moción del PSPV-PSOE para que el Gobierno de España vuelva a pagar la cotización a la Seguridad Social de los cuidadores de dependientes no profesionales

    El Grupo Socialista en la Diputación de Castellón ha registrado una moción para su debate en el próximo pleno a fin de que la corporación provincial inste al Gobierno de España a restablecer la suscripción del convenio especial de Seguridad Social de los cuidadores y cuidadoras no profesionales de personas dependendientes, así como el ingreso de su correspondiente cotización con cargo exclusivo al Estado.

    La diputada provincial del PSPV-PSOE y alcaldesa de Torreblanca, Josefa Tena, considera que se trata de una medida necesaria “dada la importancia que tiene en la actualidad el cuidado de las personas en situación de dependencia dentro del entorno familiar”. De hecho, “es una de las soluciones más demandadas por las personas y familias que tienen derecho a acogerse a la Ley de Dependencia.”

    Conviene tener en cuenta que lo que se pretendía con la figura de los cuidadadores y cuidadoras no profesionales era ofrecer una cierta acción protectora a las personas que se dedican de manera no profesional a estas tareas, incluso con el sacrificio de su desarrollo personal (reducción de la jornada laboral o abandono de la actividad profesional propia).

    En un primer momento, estos cuidadores y cuidadoras fueron incluidos en el Régimen General de la Seguridad Social con todas las garantías, pero con los recortes aplicados por el Gobierno del PP a partir de 2012, se estableció que el convenio especial para cuidadores y cuidadoras instaurado en 2007 pasaba a tener carácter voluntario y que las cotizaciones a la Seguridad Social correrían a cargo exclusivamente de la personas suscriptoras del mencionado convenio.

    “Los efectos de los recortes de Rajoy en este apartado han resultado devastadores porque según los datos de la propia Tesorería General de la Seguridad Social, del 31 de julio de 2012 al 31 de diciembre de 2012 la cifra de cuidadores y cuidadoras se redujo en España de 179.829 a 23.933”.

    En opinión de Tena, “la reforma introducida por Rajoy en 2012 es injusta y regresiva porque hay que tener en cuenta que, aunque sea la base mínima, para algunas personas la cotización por la realización de estos cuidados supone su única vía para tener acceso a una prestación contributiva por jubilación o incapacidad permanente”.

    Añade que “no podemos olvidar el impacto de género que ha tenido esta medida del PP que ha resultado altamente perjudicial para muchas mujeres.”

    Para poder superar esta problemática, el Grupo Socialista en la Diputación solicita que el Gobierno recupere los niveles de financiación de la Ley de Dependencia que existían en los Presupuestos Generales del Estado antes de los recortes aplicados en 2012.

    Otra de las peticiones que recoge la moción socialista es que el Gobierno aumente la financiación de la Ley de Dependencia, en la que en el momento de su promulgación se preveía la obligatoriedad de financiar el sistema a partes iguales entre la administración central y las comunidades autónomas.

     

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