El grupo socialista presenta una moción para que se apruebe una ley de protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética
La pobreza energética es una consecuencia más de la grave crisis social y económica que estamos padeciendo. Se define como aquella situación que sufren los hogares cuyos miembros son incapaces de pagar una cantidad de servicios de la energía suficientes para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos al pago de la factura energética de sus viviendas. Según el estudio de referencia realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) son ya siete los millones de españoles con enormes dificultades para hacer frente al recibo de la luz al final de mes, debiendo dar prioridad o elegir entre qué cuestiones básicas de subsistencia, muy unidas al desarrollo de una vida digna, pueden permitirse y cuáles no. A este dato hay que añadir el que facilita el INE en la encuesta de condiciones de vida que señala que el 9% de los hogares de nuestro país no pueden mantener su casa a una temperatura adecuada, con los riesgos que ello comporta especialmente para las personas con factores de riesgo más alto como niños, ancianos o enfermos.
Por todo esto, el grupo socialista en la Diputación de Castelló ha presentado una moción para el pleno del martes para instar al Gobierno de España a que de forma inmediata presente en el Congreso de los Diputados para su aprobación una ley de protección de los consumidores vulnerables y contra la pobreza energética.
Los socialistas de Castelló han manifestado que “frente a este grave problema existen diferentes posicionamientos: mirar a otro lado, plantear una solución de coyuntura o adoptar medidas estructurales que remedien situaciones dramáticas que pueden ser evitadas con solidaridad y también con la legislación”. Además, han señalado que “mientras diversos países han aprobado normas que protegen a los consumidores más vulnerables prohibiendo durante el invierno interrumpir el suministro que les pueda dejar sin calefacción, la legislación española se ha limitado a desarrollos absolutamente insuficientes”. Por ello, “creemos imprescindible ser sensibles a la situación que muchos de nuestros vecinos y vecinas padecen, y por tanto, estimamos la oportunidad de aprobar una Ley que inste al Gobierno de España a solventar los problemas más urgentes y perjudiciales de pobreza energética, y que marque la orientación prioritaria de la Administración a la hora de afrontar las principales causas por las que esa pobreza energética se produce y manifiesta”.
Asimismo, los socialistas han destacado que “es preciso que se legisle para que el suministro de energía sea un derecho social básico, que los consumidores vulnerables accedan a una tarifa social en función de sus ingresos y no del mercado, y lo más importante, que no haya cortes de suministro en invierno para aquellas personas que se encuentren en situación de pobreza energética, financiando la diferencia entre la tarifa social y el consumo real a través de los Presupuestos Generales del Estado”.
Ante todo, “creemos que el Gobierno debe reconocer que se trata de una medida de política social, con el propósito de garantizar los principios de progresividad, solidaridad y cohesión respecto de los consumidores más vulnerables, y por ello entendemos que el coste de esta iniciativa se debe sufragar por el conjunto del sistema”, concluyen.
