22 de febrero de 2020 22/2/20

Gisbert insta a Moliner a acabar con la "mala práctica" de repartir las inversiones de la Diputación en función del color político del gobierno municipal

  • El portavoz adjunto socialista apuesta por "acabar con los convenios singulares y regular con bases objetivas la distribución de las ayudas en los municipios"

El equipo de gobierno del PP en la diputación continúa con la “mala práctica” de aprobar "convenios singulares" de los que concede la institución, sin bases objetivas. Por este motivo, el portavoz adjunto socialista, Josep Gisbert, ha aprovechado para pedir al nuevo presidente de la institución, Javier Moliner, que acabe con esta práctica "injusta" y apruebe unas bases perfectamente regladas e imparciales para que todos los ayuntamientos, indistintamente del signo político de sus gobiernos, tengan las mismas posibilidades de recibir las inversiones de la institución provincial".

Para el socialista, es totalmente injusto e inasumible en democracia la discriminación que sufren algunos ciudadanos de la provincia en función del color político de los gobernantes de su ayuntamiento. Para Gisbert, los convenios singulares que firma la Diputación con algunos consistorios "se convierten en la puerta trasera para colar de rondón ayudas fuera de los planes reglados. No es justo que un ayuntamiento pueda recibir de una sola tacada, mediante un convenio singular, lo que otros tardan más de cinco años en recibir vía Planes Provinciales". "Y lo peor , -añade- es que no hay criterios objetivos que justifiquen estos convenios: equipamientos deportivos, mejoras de calles, casas de cultura o caminos, entre otras materias, que no tienen carácter urgente. Todo aquello que muchos consistorios van realizando en diversas anualidades mediante Planes Provinciales, otros lo llevan a cabo mediante un convenio y sin dejar de recibir ayudas ordinarias".

Por estos motivos, el grupo socialista reclama una regulación de los convenios, para que todos los ciudadanos de la provincia sean ciudadanos de primera. "No es tolerable -apunta Gisbert- que no se respeten los principios democráticos y que parezca que el convenio sea una vía de presión para que la ciudadanía cambie su sentido del voto si quiere que la calle de su pueblo esté arreglada.

 

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