Los expertos coinciden que la Ley 34/2006 de acceso a las profesiones de abogado y procurador proporcionará una formación más próxima a la práctica jurídica
La Ley 34/2006, que fue aprobada hace cuatro años, establece, como requisito imprescindible para el ejercicio de las profesiones de abogado y procurador, la obtención de un título profesional que va más allá de la titulación universitaria, y que se obtendría después de cursar la formación necesaria para acceder a una evaluación única para toda España.
El acto, que ha convocado a un buen número de estudiantado de esta disciplina y también a miembros del profesorado, se ha iniciado con la presentación de los participantes por parte del decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas, Andrés Recalde. La primera intervención ha sido la de David Hevilla, estudiante y coordinador de Derecho de la UJI, quien ha mostrado la preocupación del estudiantado por conocer quienes serán, en la práctica, las personas encargadas de corregir el examen y cuáles serán los conocimientos que se incluirán en la prueba. Además, ha calificado la posibilidad de que otros titulados puedan acceder a realizar la prueba como intrusismo profesional.
La decana del Colegio de Procuradores de Castellón, Carmen Rubio, se ha mostrado partidaria de esta ley que permite un tratamiento igualitario entre las profesiones de abogado y procurador y que, en su opinión, dotará de más eficacia y calidad al sistema judicial español. Rubio se ha mostrado contraria al acceso al examen de otras titulaciones que no sean de Derecho y ha reclamado la urgente aprobación del reglamento de desarrollo de la ley, que facultará a los colegios profesionales y universidades para configurar los contenidos de los estudios previos al examen, y que “deben ser diferentes- ha dicho- a los que se incluyan en los estudios de abogacía”.
La tercera intervención ha estado a cargo de Manuel Badenes, decano del Colegio de Abogados de Castellón, quien ha manifestado sus dudas con respecto a la entrada en vigor de la ley el próximo año y quien ha aprovechado la ocasión por desmentir que serán los colegios profesionales los encargados de corregir la prueba, “el examen es único para toda España- ha dicho- y en el borrador del reglamento se especifica la composición del tribunal, en el que los colegios profesionales solo representan el 20 % del total”. Badenes se ha mostrado partidario de la normativa porque “garantiza al ciudadano un mínimo de calidad en su defensa jurídica”.
El profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universidad del País Vasco, Aitor Zurimendi, ha explicado, desde el punto de vista de la competencia, que en su opinión, existen ventajas en la aplicación de esta normativa a la profesión de abogado, porque permitirá una igualdad europea en cuando a prestación de un servicio mínimo de calidad, pero no ve tan clara su aplicación a los procuradores, ya que esta figura jurídica no tiene equivalencia profesional en todos los países europeos.
Mariano Aznar, catedrático de Derecho Internacional Público y director del Máster de Práctica Jurídica de la UJI, ha cerrado el turno de intervenciones indicando que se ha dejado a un lado las prácticas externas tutorizadas por los profesionales de los colegios. Además, ha indicado que los docentes que forman parte del máster de práctica jurídica se están planteando abrirlo a otras universidades y colegios profesionales y que, en su opinión, el nuevo escenario educativo y profesional de la UE, ha incrementado el nivel de competencia entre los titulados de todos los países europeos y ha recordado al estudiantado que “en otros países el nivel de exigencia a los profesionales de estas profesiones es mayor que en España”. El acto ha finalizado con varias intervenciones por parte del estudiantado y profesorado quien han intercambiado opiniones sobre el tema.
