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La Diputación de Castellón estudia recurrir la sentencia del TSJ que le obliga a pagar 531.000 euros por el patrocinio del torneo de golf que impulsaron los gobiernos del PP

  • El tribunal ha condenado a la institución provincial por incumplir el convenio de patrocinio del Masters-Castellón Costa de Azahar de hace 10 años y no abonar 531.000 euros a la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana

  • Para el portavoz socialista, Santi Pérez, estamos ante un “un ejemplo más, de muchos, de la mala gestión del Partido Popular”

  • El portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, destaca que «las sentencias judiciales son la constatación del mal que ha hecho la derecha al País Valenciano y que todavía pagamos la ciudadanía»

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha hecho pública una sentencia en la que condena a la Diputación de Castellón a pagarle a la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) la cantidad de 531.000 euros en concepto de una factura derivada de su aportación como copatrocinador en el evento Masters-Castellón Costa de Azahar de 2011.

La Diputación venía copatrocinando este torneo desde 2008 junto con la Generalitat. En concreto, la entidad provincial pagó a Match Golf Consulting un total de 1.433.000 euros a través de cuatro contratos de patrocinio: en 2008, 348.000 euros; en 2009, 352.872 euros, en 2010, 361.827 euros y en 2011, 364.722 euros. Al convenio de colaboración con la SPTCV se le añadió una addenda, en 2012, por la que ambas instituciones se comprometían a pagar, además de la cantidad fijada en el convenio inicial, una aportación extra de 3.540.0000 euros para compensar la falta de patrocinadores privados en dicho evento.

La sociedad pública de la GVA procedió a pagar esta cantidad mediante dos transferencias: 3.009.000 euros correspondientes a su parte, y 531.000 euros que le correspondían a la Diputación, que nunca llegó a abonar. Según recoge la sentencia, cuando se le reclamó este importe por vía judicial la respuesta fue que no consta “en las actas de Junta de Gobierno y Pleno de la administración provincial, así como en el libro de decretos del presidente ningún acuerdo de compromiso de gasto».

La sentencia afirma que, aunque la gestión sea de 2012, es la actual Diputación la que debe pagar ahora este dinero pues se trata del “cumplimiento de un convenio (…). En dichos convenios se ha pactado, de forma clara e inequívoca, que han de transferir unas determinadas cantidades, en unos plazos concretos. En este supuesto la obligación ha sido satisfecha durante las primeras anualidades incumpliéndose el convenio en relación con la última anualidad reclamada en esta litis, aduciéndose como motivo del incumplimiento, falta de consignación presupuestaria”.

Ante esta sentencia, el portavoz del grupo socialista en la Diputación, Santi Pérez, avanza que el equipo de gobierno “está estudiando todas las vías legales de recurso”. Para Pérez, estamos ante un “un ejemplo más, de muchos, de la nefasta gestión del Partido Popular”. “Algunos de los diputados que ahora se atreven a darnos lecciones de buen gobierno, formaban parte del equipo de gobierno que firmó un convenio que luego no tramitaron, ni consignaron en el presupuesto, ni pagaron”. “Esta es la herencia que nos ha dejado el Partido Popular. En medio de una pandemia, con más de medio millón de euros se podría ayudar a muchas familias, a muchas empresas. Es dinero perdido para toda la provincia” ha concluido.

Por su parte, el portavoz de Compromís en la Diputació, Ignasi Garcia, ha señalado que esta es «una más entre todos los gastos que la sociedad castellonense hemos heredado de los gobiernos del PP». Para el valencianista, «resulta sorprendente que digan que casos como este son ‘del pasado’», cuando «la Diputación tiene pendiente también de cobro 200.000 euros de la extinta Canal 9 por patrocinios de retransmisiones de actos taurinos y la Generalitat tuvo que pagar cuatro millones de euros por el proyecto de golf del popular Rafael Blasco». «Las sentencias judiciales son la constatación del mal que ha hecho la derecha al País Valenciano y que todavía pagamos la ciudadanía», ha concluido Garcia.

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