Colomer solicita un estudio inmediato sobre los efectos de la reforma local para los municipios de Castelló
El secretario general del PSPV de la provincia de Castelló y portavoz socialista en la Diputación de Castelló, Francesc Colomer, ha pedido al presidente de la Institución Provincial, Javier Moliner, que la diputación presente de inmediato un estudio donde esté especificado cuáles serán los efectos para los municipios de la provincia de Castelló debido a la entrada en vigor de la nueva ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local porque “todavía no ha elaborado un documento de lo que significará esta reforma y de cuáles serán las consecuencias, sobre todo, para los ayuntamientos más pequeños”.
Colomer ha lamentado que la ley aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy “es una contrarreforma que resta poder a los entes locales a la hora de poder llevar a cabo sus competencias, por lo que se convierte en una clara vulneración de la autonomía local, y provocando que los consistorios pasen a ser administraciones de segunda que dependan de otras”. “Esta medida adoptada por el PP ataca claramente la autonomía local que nuestra Constitución establece”, agrega Colomer.
En este sentido, el portavoz socialista ha denunciado que “la diputación de Castelló no ha dado la cara en ningún momento por sus ayuntamientos y tan solo se ha limitado a acatar las decisiones que su partido ha tomado cuando esta reforma local va a acarrear consecuencias dramáticas para los ciudadanos, ya que están viendo desaparecer determinados servicios, mientras que otros se encarecen o se prestan con menor calidad, además de generar una pérdida importante del empleo público local”.
Por último, Colomer ha criticado que “aquí el Partido Popular ha hecho valor su mayoría absoluta y ha ignorado el rechazo causado en multitud de ayuntamientos e, incluso, de sus propios alcaldes, ya que ahora los ayuntamientosdejan de ser una Administración Territorial con un elenco competencial propio y característico para convertirse en entidades subordinadas que deben ejecutar materialmente las competencias que les deleguen las Comunidades autónomas”.
