Ciudadanos critica la "dejadez" institucional del Consell con los auxiliares covid
Cristina Fernández: "Es el timo de la estampita, la Generalitat se lo atribuye como propio pero lo pagan y ejecutan 25 municipios de Castellón"
La portavoz de Ciudadanos en la Diputación, Cristina Fernández, ha criticado el "inexplicable cambio de criterio" del plan Estiu Segur del Consell, que permitió en 2020 la contratación de dos centenares de auxiliares covid para las playas de Castellón. Una gestión económica y administrativa que el año pasado asumió la Generalitat Valenciana, impulsora del mismo, y que este año va a recaer en las arcas de 25 municipios de la provincia de Castellón. En total serán 234 los efectivos que serán contratados. "Estamos ante el timo de la estampita de la Generalitat, que por sorpresa y sin consensuar la medida con los ayuntamientos ha cambiado su propia normativa a pocos días de empezar la campaña estival. Sin posibilidad alguna de negociación por parte de los responsables de los consistorios. Además, en las páginas institucionales se publicita el plan como propio, cuando son los ayuntamientos los que lo pagan. Una burla institucional".
Cristina Fernández ha lamentado la falta de sensibilidad del Consell con los presupuestos municipales y con la carga de trabajo extra para los funcionarios. "Solamente en Oropesa son 34 los auxiliares, 37 en Peñíscola y 20 en Benicàssim. Alcalà de Xivert se ha despertado hoy conociendo que tiene que contratar a 22 auxiliares. Estamos hablando de una importante partida económica con la que nos hemos encontrado de la noche a la mañana, además de un volúmen de trabajo con el que nadie contaba. Así no se pueden hacer las cosas, aunque la Generalitat nos tenga acostumbrados a todo lo contrario. No nos sirve que el Servicio Valenciano de Empleo seleccione al personal, faltaría más, pero el alta del contrato correspondiente y la prestación sale de las arcas municipales".
Fernández ha recordado que "la aportación económica del Consell por la contratación de cada auxiliar puede no llegar a cubrir los gastos, obligando a partidas extras para garantizar el cumplimiento de un contrato laboral. Pero lo peor de todo es que, para no dejar en la calle a esos 234 jóvenes de entre 18 y 30 años, vamos a tener que paralizar otros departamentos y destinar recursos propios hasta que estén todos contratados. Y todo porque el Consell ha decidido endosarnos sus obligaciones de forma caprichosa".
