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La cárcel de Albocásser volverá a ser el epicentro de las protestas contra la política penitenciaria del Gobierno

La cárcel de Albocásser volverá a ser el epicentro de las protestas contra la política penitenciaria del Gobierno
  • Los sindicatos que conforman la Plataforma en defensa de un modelo público de prisiones se niegan a celebrar la festividad de la Merced

El sindicato CSI•F considera importante respetar y felicitar a los servidores públicos que ven galardonada su trayectoria profesional con motivo del Día de La Merced, si bien, no compartirá ningún tipo de celebración el próximo 24 de septiembre en honor a la patrona de las Instituciones Penitenciarias de España.

Tanto CSI•F como el resto de integrantes de la plataforma (CSI•F, CCOO, ELA y UGT) harán coincidir con los actos festivos un encierro que tendrá lugar en el establecimiento penitenciario Castellón II, escenario de una masiva protesta que el pasado mes de febrero se acabó emulando en otras cárceles españolas y que sirvió para baremar el gran descontento de los empleados públicos con las políticas de personal de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

Tras una polémica oferta de plazas que ignoraba los criterios de igualdad, merito y capacidad, y después de la privatización de la seguridad en los exteriores de los centros, CSI•F impulsó una campaña de protestas que pronto se extendió por el país y que todavía continúa con movilizaciones puntuales. A estas nefastas decisiones, se suma la delicada situación de de las plantillas en la región donde el sindicato tilda de ‘insignificante’ la cifra de las 110 nuevas plazas de funcionarios de prisiones para toda España en 2014, un número de plazas que “no cubre ni las necesidades mínimas de personal que urgen las prisiones de la Comunidad Valenciana”. Por ello, CSI•F reclama a Instituciones Penitenciarias la restitución de los derechos laborales sustraídos, que convoque más oferta de empleo público para reconducir la delicada situación de las prisiones valencianas, que paralice la privatización de un servicio penitenciario básico en el Estado de Derecho y que salvaguarde y defienda la profesionalidad del colectivo de trabajadores de las prisiones.

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