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Proyecto Castor

Barrachina: “El Gobierno intenta evitar que los españoles paguemos 1.800 millones por culpa del PSOE”

  • El portavoz del PPCS explica que no puede aprobar la propuesta de CIU para desmantelar ya el Castor hasta tener todos los informes que lo justifiquen

  • “Ayer mismo, la Diputación de Castellón ratificó en pleno la posición claramente en contra de que el proyecto Castor se vuelva a poner en marcha”

  • “Vamos a exigir las responsabilidades legales pertinentes, ya que se ha confirmado que no se dieron las garantías suficientes para la autorización”

“El Gobierno está intentando evitar por todos los medios evitar que entre todos los españoles tengamos que pagar los 1.800 millones a los que nos condenó el Gobierno socialista de Zapatero”. Así ha explicado Miguel Barrachina, portavoz del Partido Popular de la provincia de Castellón la negativa del PP en el Congreso a aprobar ya el desmantelamiento de la plataforma del Castor, saltándose la legalidad.

“Ayer mismo, la Diputación de Castellón ratificó en pleno, a propuesta del PP, la posición claramente en contra de que el proyecto Castor se vuelva a poner en marcha. En esta línea, el Grupo Popular solicitó al Gobierno de España que una vez hayan concluido todos los informes encargados, se adopte todas las medidas necesarias para llevar a cabo la paralización definitiva de la actividad de gas y cierre del almacén subterráneo Castor. Pero, precisamente, el Gobierno debe esperar a tener todos los informes avalando que la plataforma es insegura para la población”, ha recordado Barrachina.

Además ha recalcado que “hemos pedido también que se adopten las acciones judiciales que correspondan para exigir las responsabilidades legales que puedan derivarse de la actuación de los responsables de la tramitación y autorizaciones pertinentes, ya que se ha confirmado que no se dieron las garantías suficientes para otorgar la autorización que el gobierno socialista otorgó en 2010. Este mismo fin de semana hemos podido leer en prensa cómo el Gobierno de Zapatero desestimó en 2009 la petición de Cataluña de que se incluyesen estudios sísmicos”.

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