Alerta alimentaria en Castellón: Descubren más de 550 productos fraudulentos
La Guardia Civil destapa una red de alimentos ilegales en la provincia
La Guardia Civil ha intensificado su lucha contra el fraude alimentario en la provincia de Castellón con una serie de inspecciones que han culminado en la retirada del mercado de un total de 559 productos alimenticios ilegales. Esta actuación se ha desarrollado durante el mes de abril y forma parte del compromiso del cuerpo con la protección de la salud pública y la seguridad alimentaria.
Las operaciones han sido coordinadas por el Servicio Fiscal y de Fronteras (PAFIF) y por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), ambos dependientes de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón. Estas unidades han centrado sus esfuerzos en identificar prácticas ilícitas relacionadas con la falsificación, adulteración, venta, comercio y distribución de alimentos que no cumplían con la normativa vigente.
Productos que incumplían la normativa europea
Según ha comunicado la Guardia Civil, los productos alimenticios intervenidos no cumplían con las exigencias legales impuestas por la Unión Europea. Este tipo de incumplimientos no solo representa un fraude económico, sino que también pone en riesgo la salud de los consumidores. La intervención ha permitido detectar y retirar del circuito comercial alimentos que podrían haber tenido un impacto negativo en la seguridad alimentaria del territorio castellonense.
La iniciativa refuerza así la garantía de que los productos que llegan a las estanterías de los comercios y, por tanto, al consumo de la ciudadanía, cumplen con los estándares de calidad y seguridad establecidos a nivel europeo.
Tramitación de las infracciones y posibles sanciones
Todas las infracciones detectadas han sido comunicadas a la Conselleria de Sanidad de la Comunitat Valenciana, organismo competente para tramitar los expedientes correspondientes en virtud de la Ley 17/2011 de seguridad alimentaria y nutrición.
Las sanciones administrativas derivadas de estos incumplimientos pueden suponer multas que oscilan entre los 5.000 y los 20.000 euros, en función de la gravedad de la infracción cometida. Estas cuantías evidencian la relevancia que se otorga desde las administraciones públicas a la protección del consumidor frente a prácticas comerciales fraudulentas.
Una actuación en defensa del consumidor
Con esta intervención, la Guardia Civil no solo da cumplimiento a su función de vigilancia y control, sino que también refuerza su papel como garante de la salud pública. Estas actuaciones permiten minimizar riesgos sanitarios y evitar que alimentos no seguros lleguen al mercado, protegiendo así los derechos y la salud de toda la población.
Para más información sobre esta operación, los interesados pueden contactar con la Oficina Periférica de Comunicación de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, disponible a través del teléfono 964 22 46 00 (Ext. 0620140 / 0620141) o mediante el móvil 628 140 650.
