Sepes advierte de las “consecuencias graves” para Monforte del Cid si la alcaldesa decide incumplir las sentencias sobre Walaig
El secretario general de Sepes destaca como principal obstáculo que la empresa promotora ha hipotecado terrenos que son propiedad de Sepes
La solución no pasa por “readjudicar” las obras ahora, como ha anunciado la alcaldesa, porque toda decisión que ignore los distintos pronunciamientos judiciales supone una “vulneración de consecuencias graves”
Pedro Saura envió el pasado mes de enero una carta a la alcaldesa de Monforte, después de que el juzgado desestimara la solicitud municipal de inejecutabilidad de la sentencia, misiva a la que no se ha recibido respuesta
El desarrollo del parque empresarial Walaig sigue a la espera de propuestas por parte del Ayuntamiento de Monforte del Cid. El secretario general de Sepes Entidad Estatal de Suelo, Álvaro Couso, ha señalado hoy que la entidad, dependiente del Ministerio de Fomento, está dispuesta a estudiar las propuestas que el Gobierno municipal plantee para desbloquear la situación siempre que den cumplimiento a las cinco sentencias judiciales dictadas hasta ahora y que han avalado la postura de Sepes. Fuera de eso, cualquier decisión municipal podría suponer una “vulneración de graves consecuencias judiciales” para el consistorio.
Couso ha recordado que la situación del Walaig es “consecuencia directa de las decisiones erróneas del Ayuntamiento”, tal como demuestra que la Justicia haya declarado nula la actuación del Consistorio alicantino sobre este parque empresarial de Sepes. El pasado mes de mayo el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) dio la razón a Sepes al anular el PAI del ámbito denominado “Walaig”, y la adjudicación de las obras de urbanización por parte del Ayuntamiento de Monforte del Cid a una empresa por vulnerar los principios de publicidad y concurrencia.
Pero además, el gobierno municipal ha retrasado la solución del tema de forma voluntaria, pues solicitó al Juzgado la inejecutabilidad de la sentencia. Pidió luego dos prórrogas más, retrasando la vista de este procedimiento hasta que el Juzgado finalmente, el 19 de enero de 2011, resolvió denegar la petición del equipo de gobierno presidido por Cervera.
El principal obstáculo actualmente es que la empresa Intersa Levante, a la que el equipo de Antonia Cervera adjudicó indebidamente la ejecución del PAI, ha hipotecado los terrenos de Sepes para garantizar un préstamo de 18 millones de euros, cuando la inversión prevista en el polígono no alcanza ni la mitad de esta cantidad. Por eso Sepes ha venido solicitando reiteradamente al equipo de gobierno municipal una solución para este gravísimo problema sin que la alcaldesa haya propuesto solución alguna. Según Couso, “lo que se espera es que la alcaldesa aporte soluciones y no se exima de su responsabilidad”.
Sigue abierta la comunicación
Una vez que el juzgado desestimó el recurso municipal sobre la inejecutabilidad de la sentencia, el director general de Sepes, Pedro Saura, remitió una carta a la alcaldesa invitándola de nuevo a buscar una solución, que pasa por la tramitación de un nuevo PAI que cumpla con los convenios firmados entre el Ayuntamiento y Sepes en 1990, y las adendas aprobadas en 1991 y 2004, cuya vigencia es plena una vez ratificados por los tribunales.
En la carta, Saura mostraba así su “ánimo de colaborar una vez más con el desarrollo de Monforte del Cid”, y ello a pesar de ser Sepes la parte perjudicada por la actuación municipal y de “la incertidumbre que introducía el recurso de inejecutabilidad planteado por su Ayuntamiento”. “Por ello hemos mantenido diferentes encuentros con usted y con la empresa Intersa Levante, adjudicataria del PAI”. Esta misiva no ha recibido, a día de hoy, contestación alguna.
En 2001, fue Sepes la que, de acuerdo con el Ayuntamiento de la localidad, propuso el desarrollo de la actuación en terrenos que son casi en su totalidad propiedad de Sepes, en un proceso que terminó en 2005 con la aprobación del proyecto por la Comisión Territorial de Urbanismo. Pero en 2006, el Ayuntamiento denunció unilateralmente los acuerdos existentes y convocó un concurso para la ejecución de las obras, iniciando unilateralmente un proceso urbanístico que, como han venido señalando todas las instancias judiciales, no se ajustó a derecho.
