El PP reclama al Gobierno más seguridad para los funcionarios de prisiones
Los populares alicantinos preguntan al Ejecutivo si ha tomado medidas contra la sobrepoblación reclusa
El diputado César Sánchez asegura que el personal está “en estado de extrema necesidad”
El Partido Popular Provincia de Alicante ha presentado una batería de iniciativas parlamentarias para reclamar un aumento de efectivos y “unas condiciones de trabajo seguras y estables” para los funcionarios de las prisiones de Fontcalent y Villena después de los últimos incidentes producidos este verano con la muerte de un interno. Los diputados César Sánchez, Macarena Montesinos y Agustín Almodóbar, además del senador Pablo Ruz, preguntan al Ejecutivo por el número de incidentes producidos el último año y qué medidas ha tomado el Gobierno para que no continúen. “Los funcionarios de prisiones realizan un trabajo fundamental para la sociedad”, explica César Sánchez, “que el Gobierno no quiere reconocer y que provoca que nuestras prisiones y nuestros funcionarios estén en estado de extrema necesidad”.
Junto a estas preguntas, el Grupo Parlamentario Popular (GPP) ha presentado también en el Congreso de los Diputados una Proposición no de Ley para instar al Gobierno a mejorar de forma global las condiciones profesionales de los funcionarios adscritos a los cuerpos penitenciarios. En este sentido, exige incrementar con urgencia su retribución “para que esté en consonancia con la tarea que desempeñan, esencial para la democracia: la reinserción y la resocialización exitosa de los reclusos”, indica Sáchez.
En el caso de los penales alicantinos, la falta de personal es “desesperada”, con una sobrepoblación reclusa del 81% en Fontcalent y el 55% en Villena, según un informe de Acaip. Esta demanda de personal y medios se agrava con la creación de un Centro de Inserción Social, un Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas y una Unidad de Madres. Respecto a esta última unidad, los diputados populares cuestionan si cuenta “con un personal mínimo especializado que garantice la reeducación y reinserción social de las internas allí destinadas” o si “se ha puesto en marcha algún plan de formación” antes de la apertura de la Unidad de Madres.
“Nuestros funcionarios se merecen la máxima seguridad en el cumplimiento de su labor”, indica Sánchez, “por el que desde el PP pedimos que el Gobierno tome medidas de manera urgente”.
Entre éstas, el GPP pide también una Oferta de Empleo Público con una tasa de reposición extraordinaria que permita cubrir las plazas vacantes. Junto al aumento de efectivos es necesario garantizarles el carácter de agentes de autoridad en el ejercicio de sus funciones. “Ambas medidas redundarían en una mayor seguridad en el trabajo, menos agresiones y mejores prestaciones, para un sistema penitenciario más funcional”, subrayan desde el Partido Popular.
La Proposición no de Ley defiende adaptar el sistema a los nuevos tiempos, con una carrera profesional dentro de Instituciones Penitenciarias y con programas específicos de formación más ambiciosos que los actuales, cuestión que los populares cuestionan en los centros alicantinos. “El equipo con el que trabajan estos empleados públicos debe ser acorde con las situaciones de peligrosidad que las cárceles españolas sufren”, recuerda Sánchez. En ellas, según la Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones, se registra una media de un ataque al día con resultado de alguna lesión.
