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El alcalde de Almoradí promueve iniciativas para corregir los valores catastrales

    El Alcalde de Almoradí, Antonio Ángel Hurtado, y la Concejal de Hacienda, María Gómez, mantuvieron ayer dos reuniones en Madrid con el objetivo de que se adopten medidas para reducir el impacto que la nueva ponencia de valores catastrales -que entró en vigor en 2008- ha tenido sobre las contribuciones de muchos vecinos de Almoradí. Estas reuniones se concertaron con representantes de la Federación Española de Municipios y Provincias y con miembros del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados.

    El Alcalde de Almoradí se reunió en el Congreso con la Diputada por Alicante Enriqueta Seller y su colega Rafael Merino, Portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Política Territorial y vocal de la Comisión de Fomento, quienes se comprometieron a estudiar las vías para proponer dichas modificaciones, a través de los presupuestos de 2011 o de cualquier otra iniciativa parlamentaria.

    También mantuvieron una reunión con Isaura Leal, Secretaria General de la FEMP, y con el presidente de la Comisión de Hacienda y Alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, a quienes presentaron un escrito en el que solicitaban el apoyo de la institución a las propuestas del Ayuntamiento de Almoradí. Ambos se comprometieron a llevar este asunto a debate en la reunión de la Comisión de Hacienda que se celebraba ayer mismo. Los responsables de la FEMP confirmaron al Alcalde que hay bastantes municipios de España que están en la misma situación que Almoradí, como es el caso de Gijón.

    La propuesta del Ayuntamiento que ayer presentó el Alcalde en la FEMP y en el Grupo Popular del Congreso consta de tres medidas concretas. En primer lugar se solicita la incorporación en la Ley de Presupuestos del Estado de un coeficiente de desactualización que permita ajustar el incremento experimentado en los valores catastrales. En segundo lugar reducir el número de años que la ley establece para la solicitud de nueva ponencia de valores, lo que permitiría preparar una nueva para Almoradí que se ajuste a los precios actuales en lo que se refiere a suelo y construcción. Por último se solicita ampliar el plazo de la base liquidable con el fin de llegar al nuevo valor en un plazo superior al establecido, por ejemplo 15 años en lugar de los 10 que establece la Ley.

    El Alcalde insistió en que estas medidas serían de exclusiva aplicación y de forma opcional para aquellos ayuntamientos cuya ponencia de valores se elaboró entre los años 2005 y 2007, justo en el momento en que la burbuja inmobiliaria disparó los precios de la vivienda y de los solares. Especialmente grave es la repercusión en determinados solares de la localidad, cuyos ejemplos presentó a los diputados del Grupo Popular y donde los incrementos en la contribución son muy elevados respecto a las anteriores a la entrada en vigor de la nueva ponencia. La situación se agrava por la inexistencia en la actualidad de demanda sobre suelo en el mercado.

    Esta nueva iniciativa ante ambas instituciones es la continuación de las gestiones que se han llevado ante la Dirección del Catastro y ante la Federación Valenciana de Municipios y Provincias. El Alcalde se mostró satisfecho por la acogida que sus propuestas han recibido en ambas instituciones y espera que el Gobierno, a propuesta de la FEMP y de los grupos parlamentarios, admita en los Presupuestos Generales del Estado o en la Ley de Acompañamiento las propuestas efectuadas.

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