La Policía Nacional detiene a seis integrantes de una organización criminal que había estafado 345.000 €

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal especializada en estafas de multipropiedad o vacaciones en tiempo compartido (time share) que operaba en las provincias de Málaga y de Alicante . Seis personas, todas ciudadanos extranjeros, han sido detenidas. Se les imputan delitos de estafa, falsedad documental y pertenencia a organización criminal. Las 18 víctimas identificadas son ciudadanos de países de Europa occidental a las que habrían estafado un total de 345.000 euros.

La investigación comenzó en el año 2013 cuando un Juzgado de Zaragoza recibió por parte de una ciudadana belga, a los efectos de comprobar su veracidad, una resolución judicial de ese mismo Juzgado. Dicha resolución ordenaba la devolución a la parte demandante (los padres de la denunciante) de 12.600 euros. Pero además, en dicha carta, se les solicitaba que ingresaran la cantidad de 1.260 euros en una cuenta corriente, en concepto de honorarios de administración y gastos judiciales, para poder percibir la cantidad de los 12.600 euros.

A partir de ahí, se comprobó que esta actividad criminal venía practicándose con éxito desde los años 90 en España y en otros países de Europa occidental.

Primera fase

La ley 4/2012, de 6 de julio, de contratos de aprovechamiento por turno de bienes de uso turístico, permite la compraventa de inmuebles sujetos a este régimen. En concreto, la estafa vinculada con este tipo de contrato consiste en vender derechos de uso y disfrute sobre varios inmuebles a multitud de personas diferentes, que usarían los diversos inmuebles en diferentes fechas, para luego descubrir que no hay tal inmueble, que no pertenece a la empresa que lo ofrecía, que el contrato es falso o que la compañía directamente ha desaparecido con todo el dinero. En definitiva, que no hay a quien reclamar.

Esta modalidad delictiva comenzó a detectarse a partir de esa fecha, con multitud de perjudicados tanto en España como en otros países europeos.

Segunda fase

Por otro lado, en el sector del tiempo compartido existe una actividad comercial secundaria, la reventa de semanas de tiempo compartido, que se podría comparar al mercado de segunda vivienda en el sector inmobiliario.

En este mercado de reventa, operan empresas fraudulentas de carácter inmobiliario dedicadas a estafar a los propietarios de los derechos de uso y disfrute de semanas de tiempo compartido, ofreciéndoles un supuesto arrendamiento para terceras personas interesadas, que ni tan siquiera existen.

El objetivo perseguido por estas empresas es la petición a las víctimas de diversos pagos, cantidades justificadas como gastos previos necesarios para concretar la posterior compraventa, habiendo ocasionado decenas de miles de víctimas europeas que buscaban una residencia vacacional en nuestra país.

Modus operandi

Algunas de las empresas son ficticias, claramente fraudulentas, inexistentes en los Registros Mercantiles. Tras la compra de bases de datos de clientes de empresas de tiempo compartido, contactan con el propietario, normalmente a través del teléfono, y a modo de “gancho”, los empleados de la empresa de reventa, siempre informan sobre la existencia de un comprador que desea esas semanas, con un precio ya determinado; este precio, por supuesto, es muy superior al del mercado.

La empresa de reventa nunca remite el contrato hasta que el propietario no ha transferido las cantidades destinadas a los supuestos gastos de gestión, bajo cualquier pretexto (liquidación de algún impuesto inexistente o bien que no se aplica en estos supuestos, gastos notariales, etc.), y todo ello con abundante documentación notarial o administrativa manipulada y falsificada.

Una vez transferido el dinero, como norma general, ese supuesto comprador siempre se echa atrás y renuncia a la compra-venta de sus semanas. La víctima no vuelve a saber nada más de la empresa y su semana de forma invariable nunca se vende, pues el único objetivo de los estafadores es el “dinero adelantado”.

Así han operado, y operan, cambiando cada cierto tiempo de nombre, ubicación, cuentas corrientes y líneas telefónicas.

Tercera fase

Los estafadores comienzan a alquilar locales poco visibles, discretos, y contratan a teleoperadoras que contactan con las víctimas vía telefónica o mediante cartas de supuestos despachos de abogados que ofrecen cobertura jurídica para la reclamación de la devolución de las cantidades previamente satisfechas por las víctimas. Se presentan como despachos de gran solvencia y renombre que aglutinan a multitud de perjudicados, y que dicen incluso actuar a modo de asociación de perjudicados.

Para dar mayor credibilidad y garantía a sus víctimas, los autores llegan a registrar dominios en Internet con estos nombres, creando páginas en las que ofrecen los servicios comentados. Tal y como es habitual, les solicitan inicialmente dinero para cubrir dichos gastos jurídicos, lo que constituye el único objeto y finalidad de su actuación. Al cabo de unos meses, los cabecillas de la red abandonan estos establecimientos y alquilaban otros, y así sucesivamente.

Cuarta fase

La última fase detectada sería la que corresponde con los hechos investigados y que han dado lugar a las seis detenciones. Los perjudicados comienzan a recibir por correo sentencias judiciales (por supuesto, falsificadas) favorables para los intereses de los afectados por las anteriores fases. Se les comunica el fallo a su favor por el que se ha condenado a los estafadores a abonar a las víctimas las cantidades reclamadas, estando las mismas bloqueadas, a la espera de realizar el previo abono de ciertas cantidades en concepto de tasas judiciales y/o impuestos de otra índole.

Dificultades de investigación

Las víctimas de esta estafa residen, generalmente, en el extranjero y si lo hacen en España, es de forma temporal. Esto dificulta la labor policial, en cuanto a la plena identificación y posterior localización de los afectados.

Además de que las denuncias no están formuladas en España, se efectúan con mucha demora, o incluso años de retraso, no siempre con la información documental completa, y con el inconveniente de no poder contactar con los afectados, víctimas extranjeras de un delito transnacional.

Por otro lado, estas investigaciones judiciales requieren de comisiones rogatorias que dilatan el procedimiento en el tiempo.

Los detenidos, cuatro hombres y una mujer, en su mayoría, reincidentes, habían constituido un complejo entramado de cuentas bancarias, en el cual participaban personas reclutadas para crear nuevas cuentas aperturadas “ad hoc” a su nombre, destinadas a la recepción de transferencias de origen extranjero, a cambio de una contraprestación que oscila entre un 5% y un 10%, en base a los ingresos efectuados, buscando con ello entorpecer la función investigadora.

Las investigaciones, que continúan abiertas al objeto de identificar más víctimas y de detener a otras personas, han sido desarrolladas por el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de Zaragoza, en colaboración con las Comisarías Provinciales de Málaga y de Alicante.