Una nueva decisión judicial vuelve a dar la razón a Sepes al ratificar la nulidad del PAI de Walaig, en Monforte del Cid

Una nueva decisión judicial ratifica a Sepes, Entidad Estatal de Suelo, adscrita al Ministerio de Fomento, en las posiciones que viene reclamando en los tribunales respecto al desarrollo del PAI Walaig, en Monforte del Cid. En esta ocasión, es el juzgado de lo contencioso número 3 de Alicante el que se pronuncia sobre la petición Sepes para que se ejecuten los fallos judiciales que reiteradamente vienen dándole la razón. Estos fallos consideran, entre otras cosas, que el consistorio no cumplió con el deber de publicidad y concurrencia en la aprobación del PAI (Programa de Actuación Integrada) y en la designación de Intersa Levante S.L. como agente urbanizador.

El magistrado declara “la vigencia del convenio urbanístico suscrito por Sepes y el Ayuntamiento de Monforte del Cid, con fecha 4 de enero de 1990, y de sus addendas de fechas 4 de marzo de 1991 y 16 de noviembre de 2004, para el desarrollo de una actuación industrial en dicho municipio denominada Walaig”.

También reitera “la nulidad del PAI” así como “la alternativa técnica, con la consiguiente extinción de sus efectos, retrotrayendo la situación jurídica al momento en que se encontraba antes de la aprobación de dicho instrumento urbanístico”.

Por último, declara la nulidad del nombramiento de Intersa Levante S.L. como Agente urbanizador, como ya habían hecho todas las anteriores decisiones judiciales.

De esta manera, los tribunales tumban otra vez todas las decisiones con las que el Gobierno municipal abrió un dilatado periodo de incertidumbres que ha venido lastrando hasta la fecha el desarrollo del polígono.

Una hipoteca de 18 millones de euros
El principal obstáculo para desarrollar esta actuación es que la empresa Intersa Levante, a la que el equipo de Gobierno de la alcaldesa, Antonia Cervera, adjudicó indebidamente la ejecución del PAI, ha hipotecado los terrenos de Sepes para garantizar un préstamo de 18 millones de euros, cuando la inversión prevista en el polígono no alcanza ni la mitad de esta cantidad. Por eso Sepes ha venido solicitando reiteradamente al equipo de gobierno municipal una solución para este gravísimo problema sin que la alcaldesa haya propuesto ninguna.

El secretario general de Sepes, Álvaro Couso, subrayó que este auto confirma la necesidad de alcanzar un acuerdo para desbloquear el problema que suponen las cargas hipotecarias de los terrenos.

Couso ha vuelto a insistir, como en anteriores ocasiones, en la disposición de Sepes para encontrar una solución. “Nos gustaría que el Ayuntamiento volviera a la mesa de negociación”, señaló, “seguimos a la espera de propuestas por parte del equipo de Gobierno municipal para desbloquear la situación siempre que den cumplimiento a las sentencias dictadas hasta ahora y que han avalado la postura de Sepes”.

Couso ha recordado que la situación del Walaig es “consecuencia directa de las decisiones erróneas del Ayuntamiento”, tal y como han subrayado diferentes instancias judiciales.

Un proceso urbanístico no ajustado a derecho
Hace un año, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana dio la razón a Sepes al anular el PAI del ámbito denominado “Walaig”, y la adjudicación de las obras de urbanización por parte del Ayuntamiento de Monforte del Cid a Intersa Levante, por vulnerar los principios de publicidad y concurrencia.

En 2001, fue Sepes la que, de acuerdo con el Ayuntamiento de la localidad, propuso el desarrollo de la actuación en terrenos que son casi en su totalidad propiedad de Sepes, en un proceso que terminó en 2005 con la aprobación del proyecto por la Comisión Territorial de Urbanismo. Pero en 2006, el Ayuntamiento denunció unilateralmente los acuerdos existentes y convocó un concurso para la ejecución de las obras, iniciando un proceso urbanístico que, como han venido señalando todas las instancias judiciales, no se ajustó a derecho.