El Gobierno aprueba ayudas para ocho ayuntamientos de la provincia por 8,7 millones de euros para compensar pérdidas por transporte

Como así ha informado la diputada socialista en el Congreso de los Diputados, Patricia Blanquer, el Consejo de Ministros de ayer, 8 de junio,  a propuesta de los Ministerios de Hacienda y de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, ha aprobado una subvención de 433,9 millones de euros para un total de 273 Entidades Locales con transporte público de su titularidad, de las que 8 se ubican en la provincia de Alicante.

Se trata de municipios que enviaron la información requerida por el Ministerio de Hacienda, y que cumplen los requisitos establecidos para ello. En el caso de la provincia de Alicante, los municipios beneficiados han sido Alcoi con 251.044 euros; Alicante 5,3 millones de euros; Benidorm con 1,1 millones de euros; El Campello 15.270 euros; Elche con 1,4 millones de euros; Elda con 23.780 euros; Torrevieja con 403.426 euros y La Vila Joiosa con 32.714 euros.

Como así ha explicado Blanquer, “el objetivo de esta subvención es compensar la merma de ingresos sufrida por los servicios de transporte de las Entidades Locales como consecuencia de la restricción de movimientos que conllevó la Covid-19 en 2020”. En concreto, se ha estimado que el impacto de la pandemia es equivalente al 40% de tales ingresos, por lo que ésa es la proporción que por regla general compensa la subvención.

Para la diputada socialista, “estas ayudas son nuevamente expresión del compromiso del Gobierno de España con el municipalismo. Unas ayudas que se suman a otras medidas adoptadas que han beneficiado a los ayuntamientos, como la suspensión de las reglas fiscales, que les permite usar los remanentes de tesorería, o los recursos incluidos en los Presupuestos. Además, con la actualización de las entregas a cuenta de la participación en los tributos del Estado, ingresarán un 3% más que en 2020”, ha celebrado Blanquer.

Estas ayudas tienen carácter extraordinario y se conceden de forma directa a las Entidades Locales que presten servicios de transporte público de su titularidad por cualquier modalidad de gestión y que hayan registrado una caída de ingresos por la crisis provocada por la Covid-19, que estén al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y por reintegro de subvenciones.