La Confederación Hidrográfica investiga a Monóvar por vertidos de aguas residuales

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) investiga al Ayuntamiento de Monóvar por los vertidos en el barranco de Charco Amargo.

Según ha explicado Vicente Alvarado, presidente de la plataforma vecinal en contra de los vertidos, la CHJ ha incoado un expediente de diligencias previas por la acumulación de restos sólidos en esta rambla del municipio alicantino.

Lo hace tras la denuncia presentada por los vecinos el pasado mes de mayo, cuando descubrieron a varias cubas trabajando en la zona en plena madrugada. Según indican los residentes, estaban tratando de limpiar con agua a presión un vertido realizado con nocturnidad.

Malos olores, insalubridad, toallitas y un entorno natural lastimado es lo que denuncian los vecinos de la zona, que contemplan como “4 ó 5 veces al año” un aliviadero vierte aguas fecales e industriales en este paraje.

Estas aguas sucias provienen de la estación de bombeo con la que el municipio alicantino envía sus aguas residuales hacia la depuradora de Elda, gestionada por la Mancomunidad del Vinalopó.

Sin embargo, cuando llueve en abundancia y la estación de bombeo no da abasto, el exceso de aguas residuales acaba saliendo por el aliviadero, un tubo que vierte estas aguas directamente sobre el barranco.

Permiso para verter en el barranco

Y es que Monóvar, pese a que cuenta con más de 12.000 almas en la ciudad, no dispone con depuradora, por lo que ha de enviar sus aguas a la planta de Elda.

Además, como no cuenta con separativa de aguas, toda va directamente a la depuradora a través de la estación de bombeo, por lo que, en ocasiones, no puede asumir tantos metros cúbicos de caudal, especialmente cuando llueve.

Alvarado recuerda que es obligatorio tener dos redes separadas, una para aguas pluviales y otra de residuales, una cuestión que no se cumple en este caso. Así, “cuando llueve mucho se desbordan las aguas residuales, porque el tubo no tiene un diámetro adecuado para las lluvias torrenciales que son habituales en la zona”.

Lo cierto es que la estación de Monóver tiene permiso para evacuar las aguas residuales por el aliviadero, pero únicamente en días de tormenta, un requisito que los vecinos denuncian que no se está cumpliendo, como ocurrió en el caso de la noche de mayo.

De hecho, según explica este vecino, “desde la Mancomunidad se ha admitido que es necesario realizar estos vertidos para las tareas de mantenimiento imprescindibles y que el problema lo tiene el ayuntamiento de Monóver, que es el que no cuenta con una separativa de aguas adecuada”.

Posibles soluciones

Así las cosas, los vecinos reclaman que se modernice la infraestructura para que la estación de bombeo no se vea obligada a lanzar ese agua sin depurar directamente sobre el barranco.

“Desde la Mancomunidad se nos dijo que iban a destinar una partida 60.000 de euros al mantenimiento de la estación de bombeo pero no se han visto resultados”, explicó Manuela, otra vecina de la zona a elperiodic.com.

Por ello, Alvarado lamenta que haya previsto gastar más de un millón de euros en un puente para acceder desde la depuradora al polígono Lacy cuando “no resuelven antes los problemas que ellos mismos han creado”.

En su lugar, los vecinos apuntan a soluciones como la creación de un tanque de tormentas que recoja los excesos de agua y evite desbordamientos o la instalación de una malla que recoja todos los residuos. Al menos, señalan, deberían de retirarse los sólidos dejados en el barranco, que acumula una capa de toallitas.

En cambio, asegura que desde ayuntamiento se les ha propuesto la solución de “alargar la tubería 280 metros, con lo que desaguaría a 40m del río Vinalopó”, quitándole así el problema a los residentes pero, según explican, “creando un problema medioambiental más grave, ya que podría afectar a otras poblaciones río abajo, como Santa Pola, donde ya se tienen que cerrar a veces las playas por la presencia de la bacteria ecoli, habitual en las aguas redisuales”.

Una lucha vecinal que se inicia en 2017

En 2017 los vecinos presentaron las primeras quejas por los mosquitos, la acumulación de aguas y el mal olor. Denunciaban que incluso varias personas tuvieron que acudir a centros de salud para ser atendidos por picaduras y especialmente niños.

En 2020 incluso llegaron a llevar el caso a la Fiscalía de Medio Ambiente, que archivó la causa. “Fue un mazazo, pero seguimos adelante”, recuerda Alvarado.

Así, los vecinos de la zona han seguido recogiendo pruebas y haciendo analíticas para demostrar que en muchas ocasiones lo que vierte la tubería no es el agua salada que emana del paraje, sino aguas residuales contaminadas que no deberían de estar allí.