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Blanquer: “El gobierno ha preferido atrasar las indemnizaciones del FOGASA para acercarlas al periodo electoral”

    Los socialistas de la provincia a través de la diputada nacional y miembro del comité electoral provincial, Patricia Blanquer, ha mostrado su satisfacción por el hecho de que, por fin, el FOGASA haya abonado las indemnizaciones pendientes de pago a los trabajadores afectados por el atasco que sufría este organismo.

    Como así ha explicado la diputada socialista, el principal colapso se debió a la acumulación de expedientes ocurrida en el año 2012 como consecuencia de los recortes llevados a cabo por el gobierno y el no incremento de plantilla previsto. “El gobierno ha actuado de manera despreciable en este asunto porque lo que ha resuelto ahora con una ampliación de crédito lo podría haber hecho mucho antes”, ha denunciado Blanquer.

    Así, los socialistas muestran sus sospechas por las fechas elegidas por el gobierno para dar solución a este problema. “Lamentamos que la solución venga por la cercanía de unos comicios electorales y sea utilizado por la ministra como propaganda electoral”, ha denunciado la diputada socialista, para quien las declaraciones de la ministra Fátima Báñez sobre este asunto ayer en el congreso “son la muestra palpable de este ejercicio de propaganda partidista”.

    “Han sido capaces de provocar un inmenso colapso, atrasando su solución, con el objetivo de venderlo como un éxito al final de legislatura cuando se podría haber solucionado desde hace tiempo. Como siempre anteponen sus intereses partidarios a los de los ciudadanos”, ha denunciado Blanquer.

    INICIATIVAS SOCIALISTAS

    Desde las filas socialistas recuerdan que desde el grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados se ha reivindicado la solución a este problema a través de varias iniciativas como una Proposición No de Ley en la Comisión de Empleo, por lo que “nos congratulamos que al fin se haya solucionado, ya que afectaba seriamente a la vida de miles de trabajadores con algunos de ellos con más de dos años de espera para cobrar lo que les corresponde”.

    El pasado mes de febrero, la propia Patricia Blanquer, y Ximo Puig, recibían una contestación del gobierno en la que reconocían que a fecha de 30 de septiembre del pasado año, existían 181.579 de expedientes de FOGASA pendientes de resolver en España que se estimaba que afectaban a 287.572 trabajadores.

    De estos, el 19% correspondían a la Comunidad Valenciana, 35.102 expedientes. Los expedientes sin resolver de mayor antigüedad correspondían al año 2012. Así, la misma respuesta reflejaba que el 76% (26.547) de los expedientes de FOGASA pendientes de tramitar de la Comunidad Valenciana correspondían a la provincia de Valencia; el 20% (6.817) a la provincia de Alicante y el 5% a Castellón (1.708). La estimación en ese momento es que el número de trabajadores afectados por estos expedientes asciendía a 52.147 trabajadores en la Comunidad Valenciana, de los cuales 11.867 son de Alicante (23%); 37.634 (72%) Valencia y 2.646 (5%) Castellón.

    El grupo socialista incorporó en el orden del día de la Comisión de Empleo, que se celebró a finales de febrero de este mismo año, una Proposición No de Ley firmada por todos los grupos, excepto el PP, para instar al Gobierno a adoptar, de manera inmediata, cuantas medidas sean necesarias para que el FOGASA, en cumplimiento de los fines que tiene encomendados, resolviera los expedientes pendientes de tramitación y garantizar el pago inmediato de las prestaciones a que tengan derecho los trabajadores de acuerdo con la Ley.

    Anteriormente, en junio de 2013, el grupo socialista en el Congreso ya presentó en la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Parlamento, una Proposición no de ley ante la situación de colapso total que sufre un organismo tan importante para los trabajadores de este país, como es el Fondo de garantía salarial (FOGASA).

    En ese momento, la propia Blanquer alertó que esta acumulación de expedientes se debía a que, en lugar de incrementar la plantilla destinada al organismo para poder resolver con rapidez los expedientes en el 2012, el Gobierno la redujo dentro de su política de recortes. “La mala decisión del 2012 ha provocado el sufrimiento de miles de trabajadores que no han podido cobrar lo que les corresponde por derecho”, ha afirmado.

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