El alcalde de Oropesa declara mañana como imputado por venta irregular de suelo
Así lo han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que han indicado que junto a él declararán mañana otras cuatro personas imputadas en el caso, a las que se sumarán cinco más el próximo día 15.
La secretaria, la interventora y un técnico del Ayuntamiento acudieron ayer a declarar ante este Juzgado en calidad de testigos, en un caso reabierto por la Fiscalía después de que, en 2003, un fiscal decidiera no abrir diligencias ante la denuncia presentada por el grupo ecologista GECEN.
Según han informado fuentes del Grupo de Estudio y Conservación de Espacios Naturales, el juzgado ha reabierto la investigación sobre la venta de suelo público que correspondía al Ayuntamiento -un 10% del total por la urbanización del sector- a un precio de seis euros por metro cuadrado, cuando el precio medio del mercado era de 200 euros.
La actuación, según las mismas fuentes, se llevó a cabo con los informes en contra de los técnicos municipales, que advirtieron de la "ilegalidad" del proyecto.
Desde el GECEN se estima que en total se habrían cometido ilegalidades por un valor monetario superior a los 40 millones de euros, procedentes de la venta de 200.000 metros cuadrados derivados de "los excesos de aprovechamiento urbanístico, con cesiones del diez por ciento y aprovechamiento de terrenos municipales".
Los ecologistas aseguran que los únicos beneficiados "por estas ventas ilegales" son los urbanizadores de los PAI, resultando perjudicados los vecinos y las arcas municipales, que dejaron de ingresar "una buena cantidad de dinero".
La ilegalidad expresada por los técnicos municipales, la interventora municipal y la técnico de Administración General del Ayuntamiento se basa en que "se trata de bienes parte del Patrimonio Municipal sujetos a las restricciones propias de la normativa de las Entidades Locales".
Según esa normativa, "no cabe hablar de la posibilidad de adjudicación directa de terrenos o excedentes de aprovechamiento a ningún propietario ni al urbanizador".
Esto hizo que los técnicos advirtieran de "las irregularidades implicadas en la posible adjudicación directa al urbanizador tanto del aprovechamiento urbanístico, correspondiente al Ayuntamiento de Oropesa, como de aquella parte de excedente de aprovechamiento de cesión obligatoria".
GECEN ha solicitado formar parte del caso como acusación particular, pero de momento no ha recibido respuesta por parte del Juzgado.
Ya va siendo hora que el terrorismo que algunos dirigentes politicos sea juzgado en los tribunales. Parece mentira que grupos ecologistas sean los únicos que levanten la voz ante desestimaciones por parte de la fiscalia tan evidentes que un simple paseo por la Renegá den buena cuenta del despropósito de álgunos hombres y políticos. NO amáis la Tierra, sólo la Puta Pasta, de ahí vuestra maldita enfermedad.