Orihuela decidirá sobre los concejales no adscritos en cuanto se pronuncie el Constitucional
El gobierno local de Orihela ha considerado no tomar ninguna decisión sobre la situación de los concejales no electos Ana Mas y Manuel Gallud hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie sobre la petición de aclaración anunciada por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, para saber cuál es la forma de gestionar la situación transitoria que se produce desde que se publique la sentencia hasta que termine el periodo administrativo iniciado.
El todo caso, el gobierno de Orihuela quiere recordar que la situación actual de los concejales no electos provocada por el fallo de TC que anula una parte de la Ley de Grandes Ciudades de 2003, ha sido provocada por un gobierno del PP, precisamente para intentar satisfacer como alcalde de Madrid al actual ministro Ruiz Gallardón.
Por otro lado, este gobierno quiere aconsejar a la portavoz del PP, Mónica Lorente, que se preocupe de sus imputaciones judiciales, las de sus compañeros de grupo y su futuro político antes de exigir a nadie las decisiones que debe tomar y cuándo hacerlo.
Orihuela acatará la sentencia del TC sobre concejales no electos en tiempo y forma, como no puede ser de otra manera, y decidirá en función de circunstancias que le son ajenas por completo al PP de la ciudad. Y si se trata de tomar una “decisión política valiente y justa”, la señora Lorente debería comenzar por aplicar los estatutos de su partido y, como doblemente imputada, presentar su renuncia como concejala de la corporación y diputada provincial.
Por lo demás, la señora Lorente no debe preocuparse por el futuro de los concejales no electos, cuya carrera profesional en la enseñanza y la medicina está garantizada por una trayectoria profesional intachable. Y mucho menos por la gobernabilidad de Orihuela, un municipio que por primera vez en más de una década vive alejado de los enredos judiciales de sus gobernantes.
