La Junta de Gobierno Local aprueba el pago de 1,5 millones de certificaciones de contratos y facturas de servicios
La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy certificaciones de contratos ordinarios y 64 facturas por un importe conjunto de casi 1,5 millones de euros, según la portavoz municipal, Antonia Moreno.
En el apartado de ayudas, Cultura ha concedido 1.000 euros a Juan Mirabet Lecha para la publicación del libro ‘José María Moreno Mateo, biografía y catálogo completo de sus obras’.
También se han presentado para su resolución 28 expedientes de disciplina urbanística, algunos con asuntos judiciales pendientes en relación con las infracciónes y otros con restauración de la legalidad o demolición, “el 90% de ellos en Orihuela Costa”, ha señalado Moreno.
La JGL también ha desestimado las alegaciones al acuerdo de reclamación a la Agrupación de Interés Urbanístico del sector Las Piscinas por el que el Ayuntamiento de Orihuela le reclama 1,9 millones de euros por una lesión patrimonial que se produjo hace una década, cuando el urbanizador entregó al Consistorio una parcela a la que le faltaban 4.000 metros cuadrados para cumplir con la obligación legal de aportar el 10% del aprovechamiento lucrativo del sector.
Según Moreno, aunque el urbanizador alegó que no le había generado ningún quebranto a quien finalmente se quedó en una subasta la parcela porque había ejecutado la edificabilidad prevista, nunca restituyó los 4.000 metros que faltaban, que fue lo que finalmente provocó que el Ayuntamiento tuviera que devolverle al comprador el dinero que ahora le reclama.
También se ha inadmitido la solicitud de nulidad del programa de Montepinar y del proyecto de urbanización, así como las alegaciones que pretendían anulas las cuotas de urbanización 5,6 y 7.
Finalmente, la JGL ha dado cuenta de la remisión a Orihuela de las modificaciones puntuales del planeamiento urbanístico aprobadas por el Ayuntamiento de Albatera, que procedió a declarar suelo de especial protección agrícola todo su término municipal, que linda con el de Orihuela, y a prohibir la implantación en el mismo de cualquier planta de manipulación, gestión, depósito y tratamiento de residuos sólidos urbanos.
