El Gobierno Local considera que la moción de censura que intenta perpetrar el PP con dos ediles no adscritos "es indecente e ilegal"
El equipo de Gobierno de Orihuela ha firmado poderes generales a letrados y procuradores para poder presentar querellas contra funcionarios y representantes públicos y políticos de la administración por los delitos recogidos en el título 19º del Código Penal, como son los de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude, negociaciones y actuaciones prohibidas a funcionarios públicos y abusos cometidos en el ejercicio de su función para el caso de que se convoque finalmente el pleno que solicita una moción de censura al actual alcalde.
El Gobierno de Orihuela considera indecente esta moción de censura que intenta perpetrar el PP apoyándose en dos concejales no adscritos, ya que más del 40% de los 12 concejales del Grupo Municipal Popular están incursos en procesos judiciales o condenados en firme y con la candidata a la alcaldía al borde de la imputación por las adjudicaciones de Fitur que realizó entre 2008 y 2011.
La frustrada candidata a la alcaldía del primer intento de moción de censura, Mónica Lorente, está ya al borde del banquillo y del juicio oral acusada de prevaricación, malversación de fondos públicos y falsificación de documentos por ejecutar una obra antes de adjudicarla y firmar su contrato. Por la adjudicación de la basura de la ciudad, el proceso matriz de todo el caso Brugal, tendrá que declarar por supuesta prevaricación, revelación de información privilegiada, actividades prohibidas a autoridades, tráfico de influencias y fraude, un caso en el que también están imputados los actuales concejales del PP David Costa, José Manuel Cutillas y Araceli Vilella y los exediles del PP Antonio Lidón, Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez Murcia.
Lorente se enfrenta a una posible pena de inhabilitación por haber ejecutado y reformado la plaza del Escorratell antes de adjudicarse y firmarse el contrato de la obra con la empresa Roni’s, propiedad de un familiar político de la actual presidenta del PP, Pepa Ferrando, al parecer candidata a la alcaldía en la segunda recogida de firmas para presentar la moción de censura.
Además, el concejal David Costa también está imputado en la adjudicación del plan zonal de La Vega Baja, otra de las ramificaciones del caso Brugal, y ha sido imputado por tercera vez esta misma semana por la adjudicación del proyecto de la Ciudad Deportiva con un informe en contra de la arquitecta municipal.
Y finalmente, el edil Roberto López fue condenado en firme por la Audiencia Provincial de Alicante a una multa de 900 euros por sendas faltas de amenazas y lesiones tras haber mantenido una pelea en las fiestas de una pedanía.
Con este panorama, el PP provincial, regional y nacional ha avalado que todos ellos firmen una moción de censura ilegal con dos concejales no adscritos cuya rúbrica no es válida para conseguir a cualquier precio el poder en un Ayuntamiento que desde junio de 2011 ha recuperado la dignidad y su razón de ser en beneficio de los ciudadanos y no de unos pocos. El legítimo gobierno de la ciudad no entiende cómo es posible que el presidente del PP de Alicante, José Císcar; el regional, Alberto Fabra; y el nacional, Mariano Rajoy, pueden consentir que un grupo como el mencionado intente conseguir el poder a cualquier precio, incluso soliviantando la legislación en vigor para aupar a Ferrando a la alcaldía. Se da la circunstancia de que Ferrando está denunciada en la Fiscalía por haber contratado con varias empresas que tenían el mismo administrador para adjudicar el pabellón de Orihuela en Fitur los años 2008, 2009, 2010 y 2011, razón por la que este Gobierno considera que acabará igualmente imputada en breve plazo.
