Urbanismo abre un nuevo expediente a Proambiente por la instalación de tuberías para extraer gas metano en el vertedero
El Concejal de Urbanismo, Antonio Zapata, ha avanzado que desde el área que dirige que se le ha vuelto a abrir un nuevo expediente sancionador, el octavo, a Proambiente por haber iniciado una nueva actividad, cual es la instalación de unas tuberías para la obtención de gas metano y poder generar energía eléctrica en la parcela 105 del polígono 7 del término municipal de Orihuela, según el informe del técnico municipal que tuvo acceso al vertedero, lo que demostraría que “Proambiente sigue ejerciendo y ampliando su actividad”, ha dicho el edil.
Zapata también ha recordado que el pasado 18 de julio se resolvieron negativamente las alegaciones presentadas por la empresa al expediente sancionador que se le abrió por siete infracciones que respondían a otras tantas instalaciones construidas sin licencia ambiental y contra el cese de sus actividades en La Murada decretado por Urbanismo, ya que “Proambiente no ha iniciado ningún trámite de regularización” y “se están confirmando todas las sospechas sobre la peligrosidad de sus actividades para la salud de las personas y para el medio ambiente”.
Ahora, “la instalación de gas no ha sido fiscalizada por el técnico municipal”, quien en su informe confirma que para la producción del metano tiene que existir materia orgánica en descomposición enterrada. Estas instalaciones deben disponer de licencia, obtener la Declaración de Interés Comunitario, así como las autorizaciones del Consell, y no hay constancia de que la nueva actividad “tenga soporte legal”.
El edil también ha desvelado que la Comisión Europea ha abierto un programa piloto y ha solicitado a través del Ministerio de Asuntos Exteriores información y documentación de Proambiente y su vertedero a diferentes instituciones, como los ayuntamientos de Abanilla y Orihuela, la Subdirección General de Relaciones Internacionales y la Secretaría General Técnica del Ministerio de Medio Ambiente, así como a las respectivas consejerías de las comunidades valenciana y de la Región de Murcia a raíz de la denuncia presentada por el colectivo Vertivega.
Según ha explicado el edil de Urbanismo la Dirección General de Calidad Ambiental valenciana remitió a la comunidad murciana el pasado 17 de mayo de 2013 una comunicación para girar inspectores de ambas administraciones una visita y así disponer de información cartográfica en la que se delimitasen las instalaciones en ambas comunidades autónomas. Esta petición, realizada después de que la Comisión Europea reclamara la información de un vertedero, demostraría, en palabras de Zapata, que la administración autonómica valenciana “ha omitido la responsabilidad de vigilar”, ya que el vertedero lleva activo más de 15 años y existen vasos clausurados con basura enterrada y lixiviados que no han sido fiscalizados.
