Orihuela se adhiere al convenio para la creación de un Fondo Social de Viviendas impulsado por tres ministerios y la FEMP
El documento firmado por 32 entidades bancarias trata de realojar a las familias desahuciadas desde 2008 con alquileres a partir de 150 euros mensuales
La Junta de Gobierno Local (JGL) de Orihuela ha aprobado hoy su adhesión al Fondo Social de Viviendas impulsado por los ministerios de Fomento, Economía y Bienestar Social, la Federación Española de Municipios y Provincias, la Plataforma del Tercer Sector, el Banco de España, la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorro, la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, la Asociación Hipotecaria Española y 32 entidades bancarias. “Se trata de paliar en la medida de lo posible los desahucios practicados desde enero de 2008 hasta la fecha y todos los que se produzcan en adelante, aunque espero que sea una medidas exclusivamente retroactiva y no se produzcan más en Orihuela”, ha dicho el edil de Bienestar Social, Emilio Zaplana.
Las viviendas que los bancos y cajas han incluido en el fondo serán de alquiler bajo para las familias desahuciadas, que podrán solicitar a la entidad el arrendamiento social, al que no podrá negarse la entidad bancaria si la petición cumple las condiciones exigidas. Los afectados podrán dirigirse directamente al banco o a los servicios sociales municipales, donde recibirán la información necesaria.
Si van al banco, la entidad pedirá un informe social, que será emitido en un máximo de 15 días por la concejalía, para ver si la unidad familiar solicitante cumple los requisitos de no tener ingresos superiores a 1.500 euros mensuales, no tener otra vivienda en propiedad o usufructo y que se encuentre en un supuesto de especial vulnerabilidad. Zaplana ha explicado que se trataría de casos de familias numerosas, unidades familiares monoparentales con dos o más hijos a su cargo, unidades con un menor de hasta tres años, con discapacitados superiores al 33% o dependientes, familias en las que el deudor hipotecario esté en paro y no cobre prestación o que acojan víctimas de violencia de género.
Los alquileres sociales que se otorguen oscilarán entre los 150 y los 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de la renta familiar y será de dos años prorrogables. La asignación de las viviendas se hará tras la valoración de las solicitudes admitidas para priorizar a aquellas familias que tengan mayor necesidad o presenten riesgo de exclusión social, lo que será valorado por los técnicos municipales.
En los próximos días los representantes de las entidades bancarias que tengan viviendas sociales disponibles en Orihuela se reunirán con el gobierno local para poner en su conocimiento las casas ofertadas. En toda España son algo más de 5.000, 1.000 de ellas de Bankia, 900 del BBVA, 850 de Caixabank y 250 del Banco de Sabadell, que absorbió a la CAM.
