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Manuel Gallud: “El PP se niega a redactar un nuevo plan zonal y a la participación ciudadana”

Manuel Gallud: “El PP se niega a redactar un nuevo plan zonal y a la participación ciudadana”

    El concejal de Aseo Urbano, Manuel Gallud, ha explicado la posición del Ayuntamiento de Orihuela en la reunión de la Comisión de Gobierno del Plan Zonal de residuos de La Vega Baja, que se celebró ayer lunes con la presencia, además de Orihuela, de los municipios de Torrevieja, Pilar de la Horadada, Albatera y Cox, así como de la Diputación de Alicante y del Consell.

    Según el edil, de la reunión pueden extraerse dos conclusiones. “La primera es que el PP se niega a redactar un nuevo plan zonal para La Vega Baja o a modificar el actual en vigor”, como solicitó Orihuela, “para adaptarlo a la nueva normativa estatal y europea”. Gallud ha recordado que en el actual se trabajó en 2004, fue aprobado en 2005 y en estos casi 10 años “la normativa ha variado sustancialmente” en cuanto al mayor índice de reciclaje exigido, la menor eliminación de residuos o la reducción de las emisiones de CO2, además de que su adjudicación “está bajo la sospecha de la corrupción y totalmente viciado en su ejecución”.

    El representante oriolano en la comisión ha opinado que a pesar de que el plan zonal actual maneja cantidades de eliminación desfasadas, detrás de la actitud del Consell y el Consorcio “está volver a licitar el plan zonal actual con todos sus vicios y sospechas de corrupción”, lo que “nos lleva a pensar que la intención es usar los mismos terrenos de Cox, Albatera y Torremendo”.

    Y también ha recordado que en la anterior reunión del pasado 1 de agosto, Orihuela ya propuso la redacción de un nuevo plan zonal y que mientras el Consorcio realizara la gestión directa de los residuos de toda la comarca a través de una planta de transferencia y reciclaje equidistante de todos los municipios.

    “La segunda conclusión es que el PP ha dicho no a la participación ciudadana”, ha añadido el edil, “porque en el orden del día había una propuesta para abrir un periodo de reflexión y participación y permitir a los ciudadanos presentar por escrito opiniones, sugerencias, recomendaciones o valoraciones que luego fueran recogidas por una comisión técnica”, a lo que también se negaron tras asegurar que “los ciudadanos ya han dicho lo que tenían que decir”.

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