Las fosas de Garzón

Aunque nací en la post-guerra, no me considero un experto conocedor de la historia de dicho período, lo que sí puedo aseverar es que pasé mi niñez y adolescencia, entre vencedores y vencidos que se esforzaron en inculcarme que había llegado el tiempo de perdonar y superar el pasado más reciente.
Quizá en otros hogares o colegios, la educación juvenil se basaba en parámetros distintos a los míos, puesto que llegado el momento, el afamado juez Garzón ha sacado la llave de su particular “memoria histórica” y ha abierto el baúl de los recuerdos, solo para los vencidos.

Deberíamos recordar que el 15 de octubre de 1977, el Pleno del Congreso de los Diputados, aprobó la ley 46/77, la Ley de Amnistía que votaron favorablemente 296 diputados, con 2 votos en contra, 18 abstenciones y 1 voto nulo. Las familias de los fallecidos, tanto de un bando como del otro, están en su justo derecho de saber donde reposan los restos de sus seres queridos y así les fue reconocido, hace 31 años, por dicha ley.

Lo que no acabo de entender es por qué durante tantos años esas familias no han ejercido sus derechos y ahora, gracias a la acción de un juez, se haya destapado todo un show mediático de ajuste de cuentas y rencores olvidados.

Retrocedamos unos pocos años, cuando fue el propio Garzón, quién en 1998 se encargó de archivar una querella interpuesta por la Asociación de Familiares y Amigos de Victimas del Genocidio de Paracuellos del Jarama, contra Santiago Carrillo y otros, por los fusilamientos que tuvieron lugar en esa localidad madrileña, al considerar que esta parte demandante, actuaba con “mala fe procesal”, sosteniendo que “con el respeto que me merece la memoria de las víctimas, no puede dejarse de llamar la atención frente a quienes abusan del derecho a la jurisdicción para ridiculizarla y utilizarla con finalidades ajenas a las marcadas por la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Judicial”.

Diez años después, Garzón abre un proceso contra el franquismo y compara el régimen del dictador, con el exterminio nazi. Pide el acta de defunción de Franco y de otras 34 personas, e imputa a todos los dirigentes de Falange, hasta 1951 que estén vivos. También crea un grupo de expertos y otro de Policía Judicial para concretar el número de desaparecidos que por los listados aportados por una veintena de asociaciones, se elevan a la cifra de 114.266. El juez declara imprescriptibles los delitos del bando franquista, por ser “crímenes contra la humanidad”.

Carrillo, en unas declaraciones recientes que solo se han hecho eco algunos periódicos nacionales, le dice al juez que se vaya con mucho cuidado, pues con tanto revuelo “le puede salir el tiro por la culata”.

Manuel Fernández-Montesinos, portavoz de la Comunidad de Herederos de Federico García Lorca y sobrino del poeta, considera  “una profanación abrir la tumba de mi tío. Mil veces hemos dejado (los Lorca) clara nuestra postura. Estamos donde siempre: en contra de que se remueva la tumba. A mi me parece que eso es una profanación. Y ya está. Nosotros no somos antisistema, pero seguimos en nuestra posición moralmente defendible de que eso no se debe tocar. Donde no se sepa que se averigüe, pero donde se sabe, ¿para qué?”. El cuerpo del poeta yace cerca del manantial de Ainadamar (en árabe, fuente de las lágrimas), en el camino de Viznar a Alfácar, en Fuente Grande, en la provincia de Granada.

Fernández-Montesinos, hijo del alcalde socialista de Granada que unos días antes del fusilamiento de García Lorca, también fue asesinado, arremete contra esta situación y continúa: “remover es mala, muy mala palabra. La memoria lo que tiene que hacer es decir, contar, narrar, ilustrar, hacer una lista de las cosas que pasaron y que se hicieron. Remover un cuerpo que lleva 72 años enterrado, que se sabe donde está, cómo se llamaba y quiénes lo mataron, es innecesario”.

Respecto a comparar el régimen franquista con el exterminio nazi, yo le recomendaría al juez que se leyera la Trilogía de Hitler, Auschwitz y el Holocausto, escritos por el burrianense José Carlos Domingo González y cambiaría drásticamente de opinión, aunque los dos sistemas son rechazables y terriblemente cruentos.

Un aluvión de expertos y afamados periodistas, han dejado constancia en sus columnas, de cual es su opinión al respecto a esta atípica situación y del impulsor de la misma.

Manuel Martín Ferrand escribe: “Garzón, gran artesano de su propio pedestal, propone ahora a la sociedad española algo que a unos les resulta fundamental y justiciero y que , visto en su conjunto, a otros nos parece estólido: la exhumación, seis docenas de años después, de centenares, de millares, de cadáveres producidos en una bárbara guerra fratricida de la que, según demuestra la Audiencia Nacional, no nos hemos repuesto satisfactoriamente. La Transición no pactó la impunidad de ningún delito, se limitó, con gran generosidad de las partes implicadas, a buscar la superación del pasado. Algo que, en bien de su futuro, no quiere un juez iluminado”.

Leo en el Diario de Soria, del viernes 17 de octubre, un curioso artículo relativo a las consecuencias que ha producido esta situación. “Las Juventudes Socialistas de Soria reclamaron ayer, a través de un comunicado, la retirada del monumento del general Yagüe que se conserva en San Leonardo y que fue decapitado en la noche del pasado sábado. Así mismo, el secretario general de esa formación, Ángel Hernández, pidió a todos los municipios que retiren cualquier tipo de monumento o placa que exalte el levantamiento militar o la represión del franquismo”.  Del  mismo modo, Juventudes Socialistas asevera que el monumento decapitado “no sólo exalta al general si no que también se perpetúan roles de género, con la mujer que se encuentra a la derecha del general, o los uniformes fascistas. Por ello exigimos su retirada”.
    
Esta profanación, a menor escala, me recuerda lo que se hizo en Iran, en la época de los Ayatollah, con las obras de arte, o sin ir más lejos con la desaparición, con nocturnidad y alevosía, de la cruz del Jardí del Bes.

¿Qué les parecería a ustedes, si las Juventudes del partido que fuese, marcharan a la vecina Villareal y destrozaran la estatua de Jaime I, ya que exalta los asesinatos y vejaciones de decenas de nuestros ciudadanos, cometidos por el rey en la reconquista de Burriana?.

Bueno, volvamos a los periodistas. José María Carrascal, va más allá en sus apreciaciones: “Lo que está haciendo el Juez Garzón es justicia ad hoc, adaptarla a los hechos, en vez de adaptar los hechos a la justicia, que es uno de sus pilares según los expertos. Ninguna de las objeciones que le han hecho sus colegas ni la determinación de la fiscalía de atajar un proceso que ve defectuoso de forma han detenido al magistrado en su afán justiciero, aunque en su marcha deje la ley de enjuiciamiento hecha unos zorros”.

Continúa sus posicionamientos hasta llegar a las conclusiones: “En el mejor de los casos, lo que está buscando es justicia poética para los perdedores de la guerra civil y reparación moral para las víctimas del franquismo. En el peor, aparecer de nuevo en telediarios y titulares. Los jueces están para hacer justicia sin adjetivos, ya que en el momento en que empieza a ser adjetivada, deja de ser justicia para convertirse en poesía, en política, en moral, en espectáculo, en cualquier cosa menos justicia”.

También han cubierto las páginas de la prensa, declaraciones más o menos afortunadas de políticos actuales, según del partido en que les haya pillado.

Maria Teresa Fernández de la Vega: “Hay que poner fin a una etapa histórica y que todo el mundo pueda sentir que lo hace con el honor y la dignidad debidos a la memoria personal y familiar, y además hacerlo en paz y sin rencor”.

Ramón Jáuregui: Es una resolución judicial de carácter histórico, pero su camino jurídico es dudoso. La investigación para establecer las responsabilidades penales de los autores de los crímenes, no va a llevar a ningún lugar, en parte porque los presuntos responsables han fallecido”.

José Bono: Hay que respetar la memoria de quienes murieron en condiciones indignas durante el franquismo, aunque no hay que invocar aquellos hechos para remover de un modo, en que el odio haga acto de presencia”.

Soraya Sáenz de Santamaría: Critica que el magistrado se dedique “a reabrir temas que se resolvieron durante la Transición, cuando en España existen más de dos millones de pleitos judiciales pendientes”.

Esperanza Aguirre: Me parece esperpéntica la decisión de Garzón de pedir el certificado de defunción de Franco. Ahora que estamos en el bicentenario del 2 de mayo, que se están publicando los bandos del general que mandaba aquí las tropas napoleónicas, ¿por qué no piden el certificado de defunción de Napoleón?. Porque es que aquí se decía con toda claridad que había que proceder a fusilar inmediatamente a todos los españoles que se sospechara que hubieran llevado un arma”.

Por último les dejo con dos chistes gráficos, viñetas al respecto, una de Martinmorales y la otra de Máximo.


Saquen ustedes mismo sus conclusiones, para mí, sin extremismos, todas las que puedan imaginar, son respetables.