Plan del Cabanyal: aniversario de una mala decisión

El 1 de abril de 2021, es el 20 aniversario de la aprobación del Plan de Cabanyal. En mi opinión, ese plan significa el mayor fracaso de previsión y gestión, que el PP tuvo en los 25 años que gestionó el Ayuntamiento de Valencia.  Pasaré a exponer los datos, de los cuales deduzco el error, de previsión y de mala gestión de Rita Barbera y su equipo.

Su principal error fue pensar que ganar las elecciones blanqueaba la ilegalidad del plan. No fueron capaces de prever la fuerte oposición que tendría su plan de eliminar 1651 viviendas familiares, y partir la trama urbana del barrio por la mitad. Creyeron que solo encontrarían la oposición de los grupos municipales del PSPV y EU, y algún que otro acto en la calle, de los afectados.  Nunca imaginaron que los vecinos del Cabanyal, fueran capaces de construir una alianza unitaria, entre propietarios afectados y defensores del patrimonio, que culminó en el movimiento social de “Salvem el Cabanyal”.  Como diría Alfonso Guerra: “pensaban que solo tendría la protesta de cuatro descamisados”. Ejemplo de ello, es la frivolidad que la Alcaldesa trato siempre a los afectados que se oponían al proyecto. Entre otros ejemplos, me viene a la memoria que nunca recibió a los representantes de Salvem el Cabanyal. O el caso de la señora María Nicolau (DEP). Era una vecina afectada con más de 90 años, que participaba en una protesta contra la visitaba de la Alcaldesa, al barrio. Esta se le acercó con una risa burlona, y mientras le tocaba la cara le dijo: “no te preocupes bonita, que no te voy a tirar la casita”.

Los “Populares” no esperaban que Salvem el Cabanyal supiera aprovechar la existencia de acción pública en la vía administrativa y judicial, para plantear una rigurosa oposición al plan. Tal como se hizo, en vía administrativa y judicial. Confiaban que era suficiente contar en su defensa, con los abogados del Ayuntamiento, de la Generalitat y de los mejores despachos privados. Creían que el paso por los tribunales, sería un trámite, por contar con importantes simpatías, entre los magistrados.  Se sentían que iban “sobrados”.

Se quedaron descolocados, cuando el Tribunal acepto la suspensión cautelar parcial del plan. Solo de la parte que afectaba a la destrucción del barrio. Reaccionaron presentando recurso de reposición. Solicitaron que estimaran el recurso, y de no estimarse, para mantenerse la suspensión cautelar, exigir a Salvem el Cabanyal que presentara mil millones de pesetas de fianza, para cubrir la posible responsabilidad civil. Es decir, amenazaron a Salvem el Cabanyal, con tener que indemnizar 1.000 MM pesetas, por posibles responsabilidades. Lo hicieron sabiendo que la amenaza de la responsabilidad civil es el argumento más disuasorio, en el enfrentamiento, entre la población civil y la administración. Ello es así, porque la administración pleitea con el dinero de todos, y los ciudadanos con el propio.

Se les congeló la sonrisa, cuando el Tribunal ratificó la suspensión cautelar. Les costó asumir, que el Tribunal hubiera aceptado la argumentación, que había anticipado Salven el Cabanyal. Según Salvem, la administración, al actuar en defensa de intereses públicos, está eximida de depositar fianza en el ejercicio de acciones judiciales. Por consiguiente, también, Salvem debía quedar eximida. Debía ser así, porque en ese caso concreto, actuaba en defensa del interés público, como es la defensa del patrimonio histórico, que le corresponde a la administración. Es decir, el Tribunal aceptó Salvem estaba ocupando el lugar que debía ocupar el Ayuntamiento. Así que les eximió de depositar fianza.

Volvieron a sonreír, cuando en octubre de 2004, el TSJCV dictó sentencia desestimando la demanda. Pocos días después, se les congeló la sonrisa, cuando el TSJ de la Comunidad de Madrid, estimaba una demanda de Salvem el Cabanyal y declaraba el deber del Ministerio de Cultura de tramitar la denuncia de expolio. Se trataba de una denuncia de Salvem el Cabanyal, presentada el año 1999, que el Ministerio había desestimado. En 2009, el Tribunal Supremo ratificó la anterior sentencia, que dejaba sin efectos, las sentencias del TS de 2008, ratificando las sentencias del TSJ de la Comunidad Valencia, declarando la legalidad del plan.

La sentencia del TS de 2009, obligó al Ministerio de Cultura a tramitar la denuncia de expolio. De acuerdo los informes periciales, aportados por Salvem en la denuncia, y los emitidos a solicitud del Ayuntamiento y el Ministerio, el Ministerio estimó la denuncia. Mediante la Orden CUL/3631/2009 se declaró que el plan del Cabanyal expoliaba el barrio. Ayuntamiento y Generalidad se pusieron histéricos. El Consell trató de dejar sin efectos la declaración de expolio, aprobando el Decreto Ley 1/2010, de 7 de enero, del Consell, que declaraba derogado todo lo que se opusiera al plan del Cabanyal. Siguiendo el dictamen del Consejo de Estado, fue recurrido por el Gobierno Central, por inconstitucional. El Consell, para evitar una sentencia declarando la inconstitucionalidad del Decreto, que hubiera pasado a la historia del derecho, como una de las mayores aberraciones jurídicas, la Generalitat se comprometió:

1º) Derogar el citado Decreto en el plazo de 3 meses.

2º) Estudiar junto al Ayuntamiento y el Ministerio la adaptación del plan del Cabanyal a la Orden CUL/3631/2009 de declaración de expolio del barrio.

3º) Mantener la suspensión del plan, hasta que este se adaptara a la Orden CUL/3631/2009.

Todo ello, a cambió que el Gobierno Central retirara el recurso de inconstitucionalidad, así evitar que hubiera sentencia.  Las aberraciones jurídicas del mencionado Decreto, se pueden apreciar en el trabajo del Catedrático Javier García Fernández, publicado en “El Cronista del Estado Social y Democrático de Derecho”, nº 13, 2010. Titulado “La expoliación del barrio valenciano del Cabañal”. Por otra parte, el Ayuntamiento recurrió la suspensión del plan, y la Orden que declaraba el expolio. Las dos demandas fueron desestimadas.

Si el barrio no fue arrasado, fue gracias a la ciudadanía, organizada en Salven el Cabanyal, que ejerció la acción pública, que ahora algunos quieren limitar y otros eliminar.