Se juega con la salud, por un puñado de votos
Si se hiciera una encuesta, muy pocas personas se atreverían a negar que las vidas de todas las personas tienen el mismo valor, por consiguiente, merecen la misma protección. Sin embargo, en la práctica se aceptan prácticas de riesgo para la salud y vida de las personas, sin dar importancia a las muertes que puedan ocasionar. Según las cifras que manejan los centros oficiales que velan por la salud, cada año, fallecen prematuramente casi 20.000personas en España por culpa de enfermedades provocadas por la mala calidad del aire que respiran. En las grandes ciudades se cuentan por miles las muertes provocadas por todo tipo de contaminantes, sobre todo por los emitidos por los coches. La neumóloga Isabel Urrutia, con 20 años de experiencia atendiendo a pacientes afectados por la contaminación ambiental dice que la principal consecuencia de la contaminación ambiental, en ciudades como Madrid o Barcelona es el tráfico, dado que el NO2y las partículas en suspensión PM10 y PM2,5 llegan hasta el aparato respiratorio y la sangre de las personas.
La preocupación por tener ciudades sanas, viene de lejos. Ya la Carta Europea de Derechos del Peatón (Parlamento Europeo, 1988) afirma que “el peatón tiene derecho a vivir en un entorno sano y a disfrutar libremente de los espacios públicos en condiciones que garanticen adecuadamente su bienestar físico y psicológico.” Posteriormente la Unión Europea (UE) mediante la Directiva 2008/50 relativa a la calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa, estableció unos límites para la contaminación atmosférica y exigía que se cumplieran desde el 1 de enero de 2010. La Directiva expresaba que la finalidad era: "Una victoria para el medio ambiente como para la salud". Sin embargo, las atmósferas de las dos ciudades más grandes de España (Madrid y Barcelona) siguieron acumulando NO2 por encima de lo permitido casi año tras año. Tres cuartas partes del gas contaminante tienen su origen los tubos de escape del tráfico.
El caso es que la UE abrió en 2015, abrió un procedimiento sancionador contra España, porque Madrid y Barcelona permitían una contaminación por encima de lo permitido y no hacían nada. España, presentó un plan in extremis ante la UE, y consiguió que se suspendiera el procedimiento y se prorrogara el plazo de cumplimiento, gracias a los planes de restricción de tráfico en Madrid y Barcelona que aprobaron los respectivos ayuntamientos. Vinieron las últimas elecciones municipales, y la derecha prometió eliminar el “Plan Madrid Central” que prohíbe la circulación de vehículos al centro de la ciudad. A pesar que la contaminación se redujo con el plan en 14 de las 24 estaciones a su mínimo histórico de la última década. La mayoría de las personas están tan acostumbradas a ir en coche desde su casa a su destino, que les gustó la idea, así que las elecciones dieron una mayoría electoral a la derecha, que no dudó en derogar de inmediato el “Plan Madrid Central.” Inmediatamente, Bruselas reactivó el expediente contra España tras el cambio de criterio tomado por el nuevo Ayuntamiento. Ahora después de casi diez años incumpliendo la ley, España será juzgada por el Tribunal Europeo debido a la contaminación excesiva en Madrid y Barcelona.
Por suerte, para la salud de las personas, hoy el derecho a la salud está reconocido. Los ecologistas hay sabido hacer prevalecer ese derecho, consiguiendo que los tribunales españoles declaren la suspensión de la derogación del “Plan Madrid Central.” Lamentablemente, un sector importante de la sociedad, prefiere disfrutar de la comodidad de ir en coche por donde quieran a que se implanten medidas que eviten la muerte prematura de miles de personas, causada por la contaminación de los coches. Pero más lamentable es que para evitar tomar medidas en favor de la salud de las personas, se falte a la verdad, como en su día hicieron Ruiz-Gallardón (PP), que en 2011aseguraba que la ciudad tenía "el mejor aire de su historia", a pesar de incumplir la normativa. Así como Ana Botella (PP), que en 2014 dijo que la calidad del aire era "la mejor nunca vista”. Es decir, se ha estado mintiendo, arriesgando la salud de las personas, por un puñado de votos.
Hay quien cifra en centenares de millones lo que le puede costar a España la sanción, por el oportunismo electoralista de la derecha madrileña. En todo caso, se puede tomar como referencia otro procedimiento en el que España ha sido sancionada por falta de depuración de las aguas urbanas en sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, de fecha 25.07.2018. Inicialmente se impuso una multa de 12 millones de euros. Pero desde esa fecha se paga una sanción semestral de 11 millones de euros. Sanción que se pagará hasta que se depuren el agua urbana tal como exige la UE. La sanción establecida por la sentencia debe ser de un mínimo de 6.800.000 €, pero puede alcanzar hasta centenares de millones. ¿Quién pagará lo que nos cueste la sanción por negar contaminación atmosférica, por razones electorales? ¿Quién asumirá las muertes que provoquen la falta de medidas contra la contaminación atmosférica?
