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Por María José Navarro
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Alquileres abusivos/crisis habitacional

    En el siglo XXI, en medio de una crisis sanitaria como la que vivimos, que nos sume en otras crisis de rebote: laboral, económica y social, por no hablar de la crisis de valores, en la que ya llevábamos tiempo inmersas y que algunas ingenuas queríamos pensar que la pandemia, tal vez, nos ayudaría a superarla, por aquella ilusión de empatía global que no llegó a consolidarse, nos encontramos con otra crisis, que a mí personalmente me preocupa mucho, la crisis habitacional, en la que se encuentran demasiadas familias, y que hace que la subsistencia, ya de por sí complicada, se convierta en una pesadilla diaria. 

    Me encuentro con estas situaciones habitualmente, tanto en mi trabajo, como en mi entorno inmediato. Personas que viven realquiladas en habitaciones diminutas, por las que están pagando entre 240 y 280 euros al mes, y que, en algunos casos, ni siquiera tienen derecho a poderse empadronar en ese domicilio. Otras personas que viven con la espada de Damocles perpetuamente sobre sus cabezas, esperando, con angustia, que el propietario  las desahucie de la vivienda en la que se alojan, tal vez por haberse demorado en alguna mensualidad durante los meses del confinamiento, aunque en muchos casos, esto lo hayan podido resolver con las ayudas destinadas por las administraciones, para hacer frente a estas situaciones de emergencia, o tal vez para aumentar el precio del alquiler al siguiente arrendatario.  

    Y, con una pizca de optimismo (no demasiado, porque estos proyectos son a largo plazo y la realidad requiere inmediatez), veo que en algunos municipios gobernados por la izquierda (esa que se viene calificando de radical y extremista) se van dando pasos para impulsar nuevas políticas de viviendas asequibles, regulando el mercado del alquiler, acabando así los excesos en los precios, y garantizando el derecho a la vivienda a las personas con menos recursos.

    Ese derecho a la vivienda digna, que viene recogido en el artículo 47 de la Constitución, se debe implementar con cláusulas sociales que protejan a los inquilinos de los abusos, y se eviten las situaciones de desprotección que se dan ahora mismo, cuya solución pasaría por tener un amplio parque de viviendas municipales, que también ayudarían a regular los precios de los alquileres privados, y buscando alternativas viables y novedosas, como podrían ser las viviendas cooperativas y otras experiencias de colaboración.

    Estas soluciones habitacionales nos evitarían, también, tener que soportar a la extrema derecha derrochando mala baba contra las personas que no tienen otra solución más que optar por las ocupaciones ilegales, para poder tener un techo sobre sus cabezas… aunque eso, en otro artículo…

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